Así reaccionará la justicia ante el golpe a la democracia

El artículo 472 del Código Penal castiga en su punto 5 a quienes se «alzaren violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional». La pena para quien cometa este delito es de 30 años (25 sin alzamiento es sin armas ). En cualquier caso, la Fiscalía considera que la gravedad del delito justificaría en la querella la inmediata puesta a disposición judicial de los querellados, que si no comparecen serían detenidos. También justificaría la petición de prisión incondicional como medida cautelar , más teniendo en cuenta que las personas contra las que se dirige la querella de la Fiscalía ya son objeto de sendos procedimientos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): Puigdemont y su gobierno por desobediencia, prevaricación y malversación, y Forcadell y la Mesa por desobediencia y prevaricación. Aunque Puigdemont deje de ser de forma inminente presidente de la Generalitat, por su condición de diputado conserva el aforamiento , al igual que muchos de sus consejeros y desde luego Forcadell y todos los miembros de la Mesa. De ahí que la querella tenga que presentase en el TSJC (si se considera que el delito se ha cometido en esa comunidad) o en el Tribunal Supremo (si se considera que trasciende de aquélla).

Más difícil parece la actuación contra los diputados que han apoyado la declaración teniendo en cuenta que de forma intencionada, y precisamente para intentar eludir responsabilidades penales, el voto ha sido secreto.

También en la vía penal es posible que otras partes personadas en los procedimientos abiertos en el TSJC contra el Poder Ejecutivo y Legislativo en Cataluña como acusación popular soliciten al juez alguna medida cautelar relacionada con los querellados, con lo que las dos instructoras de sendas causas, Mercedes Armas y María Eugenia Allegret, tendrían que pronunciarse.

En paralelo a la intervención penal, la Abogacía del Estado va a impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración de independencia aprobada este viernes por suponer un atentado a la democracia y de nuevo una desobediencia flagrante al propio TC. La declaración se apoya en leyes suspendidas por el órgano de garantías. La suspensión de la resolución aprobada por la Cámara autonómica supondrá dejarla sin efecto y, por lo tanto, también lo que de ella se derive. En cualquier caso, la DUI nace ya sin ninguna validez jurídica. El TC abordará la semana que viene la suspensión cuando se registre el escrito de los servicios jurídicos del Estado, que se unirá probablemente al que este mismo viernes ha interpuesto el PSC pidiendo la suspensión del Pleno o, subsidiariamente, la declaración y sus efectos. Ahora la Fiscalía y Parlamento catalán disponen de tres días para presentar alegaciones.