Soraya Sáenz de Santamaría y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso - JAIME GARCÍA / Vídeo: Rajoy anunció en Estados Unidos que esperaba anunciar pronto el PGE

Rajoy impulsará los Presupuestos Generales de 2018 cuando se desactive el 155

El Gobierno cree que recuperará el apoyo del PNV cuando se normalice la situación en Cataluña

MadridActualizado:

El proyecto de ley de los Presupuestos de 2018 está guardado en un cajón de La Moncloa, a la espera de que llegue un «momento político» favorable para rescatarlo. Ese escenario propicio se espera para después de las elecciones autonómicas catalanas del 21-D, y más concretamente para el momento en que se forme el nuevo Gobierno, punto en el que se desactivará la aplicación del artículo 155. El Ejecutivo confía en que se afiance una «normalidad institucional» en Cataluña, que permita situar la prioridad en unas cuentas públicas que deberían servir para fortalecer el crecimiento y la creación de empleo.

Todo estaba preparado en septiembre para que el Gobierno de Rajoy aprobara, en Consejo de Ministros, un proyecto de ley que debía haber consolidado la estabilidad económica y política en España. Fuentes parlamentarias que participaron en las negociaciones de ese proyecto confirmaron a ABC que el Gobierno había conseguido los apoyos necesarios para sacar adelante los segundos Presupuestos de la legislatura, y el texto estaba listo para ir al BOE. En el último minuto, Rajoy tiró del freno de mano y paralizó su tramitación. El PNV se había desmarcado del acuerdo, incapaz de hacer compatible su apoyo al Gobierno en los Presupuestos, mientras se actuaba contra los independentistas en Cataluña.

Desmarque estratégico

El desmarque del PNV fue puramente estratégico, nada que ver con los compromisos presupuestarios ni con el contenido del proyecto. Por esa misma razón, y pese a la escalada de críticas procedentes de los nacionalistas vascos contra el Gobierno de la Nación por la aplicación del artículo 155 en Cataluña, en La Moncloa están convencidos de que una vez restaurada la legalidad en esta Comunidad, celebradas las elecciones y recuperada la tranquilidad, se retomarán las negociaciones con el partido de Andoni Ortuzar. En realidad el Gobierno nunca ha cortado el contacto con este partido, y la buena relación de Rajoy con el lendakari Urkullu es un hecho, un puente que sigue en pie con fuertes cimientos.

El calendario que maneja el Gobierno es bastante parecido al de este mismo año, en el que estuvieron prorrogadas las cuentas de 2016 hasta prácticamente el verano. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha confirmado que no habrá proyecto de ley antes de fin de año. La atención del Gobierno está centrada en Cataluña, y la aplicación del artículo 155 no acaba con las elecciones, sino con la formación de Gobierno, algo que podría prolongarse hasta dos meses si fracasa una primera votación de investidura.

Riesgo para la economía

Desde septiembre, además, la crisis catalana ha obligado al Gobierno de Rajoy a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento, que han pasado del 2,6 al 2,3 por ciento. Son previsiones «muy prudentes», según advierten en el Ejecutivo, más incluso que la realizada por organismos internacionales. Este viernes, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, avisaba de que la situación en Cataluña puede tener un coste de medio punto en el PIB, unos 5.000 millones de euros, y la Comisión Europea ha alertado también del riesgo que supone esa crisis para la recuperación económica. No obstante, el Gobierno confía en que las elecciones del 21-D «disipen» ese riesgo y se produzca un efecto lanzamiento tras recuperar la estabilidad.

El proyecto de Presupuestos tendrá que adaptarse a las nuevas previsiones, pero la base del acuerdo del Gobierno con sus socios depende más ahora mismo de la coyuntura política que del contenido económico. En julio pasado, el Congreso dio luz verde al techo de gasto de 2018, paso previo a la aprobación de las cuentas, con los mismos apoyos que tuvo para los Presupuestos de 2017, es decir con el PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, y la abstención del diputado de Nueva Canarias. El Gobierno buscará también el apoyo del PSOE, aunque los socialistas hayan anticipado un «no» rotundo.