Rajoy aumenta la presión sobre Rivera y se prepara para una investidura in extremis

El mismo expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, compartió recientemente una charla con Rivera en la que se habló de la importancia de no obligar a los españoles a volver a las urnas . El líder de Ciudadanos conoció cómo los socialistas le señalan como actor principal, dado que el PSOE tiene su propio relato que es decir que los españoles le han mandado a la oposición y tiene que rearmarse como alternativa de Gobierno.

En las reuniones que mantiene durante estos días Rajoy con su equipo ha ordenado que el PSOE desaparezca del discurso oficial para centrarse solo en Ciudadanos. La hipótesis de que Rivera no soportará la tensión de arrostrar el fracaso de bloquear la legislatura cobra fuerza en Moncloa, que ya prepara una investidura in extremis para la última semana de agosto, lo que posibilitaría cumplir con la senda presupuestaria que marca Bruselas con unas cuentas que tendrían que llegar al Congreso antes del 30 de septiembre. Eso situaría, como fecha tope, la primera votación el 24 de agosto y dos días después, la segunda y definitiva. Si variara la estrategia y aceptara el Pleno fallido, podría irse hasta octubre.

La controversia jurídica abierta por la negativa de Rajoy a comprometerse a una investidura fallida no preocupa al presidente en funciones. De hecho, los ministros ya manejan un documento elaborado por los servicios jurídicos que se acoge al informe del Consejo de Estado que resolvía la laguna jurídica en la Asamblea de Madrid cuando en 2003 se produjo el llamado «tamayazo». El titular de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo , lo confirmaba ayer en una entrevista en ABC: «El Parlamento está en condiciones de decir que se ha constatado que no hay un candidato que pueda formar Gobierno».

Según el Ejecutivo, el acuerdo de los grupos de la Cámara se podría elevar a declaración formal decretando la disolución del Parlamento o, en todo caso, la puesta en marcha del plazo de dos meses antes de la convocatoria de comicios. Los populares lo explican con un símil: «Uno se pone el chaqué de la boda solo si sabe que se va a casar».

Todos en el PP dan por sentado que hay que evitar que Pedro Sánchez plantee una alternativa con Podemos y los partidos independentistas si ve salir al presidente en funciones derrotado del Congreso. Pero contra esa tentación también hay un contradiscurso: es impensable que el partido que más años ha gobernado España se cuelgue del brazo de formaciones independentistas que acaban de proclamar ilegalmente en el Parlament la secesión de Cataluña.

Aunque la decisión de fijar la fecha de investidura es potestad exclusiva de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, el PP se acoge a la nula prisa del anterior presidente del Parlamento, Patxi López, en la investidura de su compañero Pedro Sánchez: tuvo hasta 27 días para acudir al Congreso.

En esta ocasión, sostienen fuentes populares, la premura la marcará la presentación del Presupuesto . Y también se juega con la clave vasca: el adelanto de esos comicios al 25 de septiembre posibilitaría que el PNV, que podría contar con el PP para no perder el Gobierno en manos de Podemos o Bildu , sintiera a este partido como un aliado de cara a una investidura de Rajoy más allá del verano.

La idea más extendida en el entorno del presidente es que Rivera «quiere cobrarse la cabeza de Rajoy» antes de cambiar la abstención técnica prometida por un sí. Pero la misma convicción se tiene en el PP de que su líder no dará un paso atrás.

La amenaza de nuevas elecciones también ha obligado a echar cuentas en Moncloa. El PP subiría en escaños, pero eso no compensaría la probable caída de Ciudadanos, lo que dejaría el Parlamento en una situación parecida de ingobernabilidad por la derecha y previsiblemente tampoco despejaría la ecuación para una mayoría de izquierdas.

Los encuentros fijados en el Congreso esta semana de Rajoy con Rivera y Sánchez tampoco ofrecen muchas esperanzas en el PP . No obstante, el presidente sí está dispuesto a abrirse más a las sugerencias de ambos partidos. La consigna es que, más allá de los pilares constitucionales y la unidad de España, «todo es negociable». Siempre que se quiera negociar, aclaran en Moncloa.