Rafael Catalá: «Si se entra en una dinámica de trucos intervendrá la Fiscalía»

-Sin embargo, hay cierta sensación en la calle de que esta resolución ha pillado al Gobierno con el pie cambiado pese a que la declaración soberanista se aprobó hace tres años...

-No es así, en absoluto. La soberanía nacional, la igualdad entre todos los españoles y la unidad de España han estado siempre detrás de todas nuestras actuaciones.

-Entonces el Gobierno se esperaba una resolución de este tipo...

-Algunos partidos en Cataluña habían anunciado ya esta hoja de ruta. Era previsible que fuesen dando pasos en esta dirección. También desde el Gobierno se había puesto de manifiesto que ese planteamiento no cabe en nuestro modelo de convivencia, en la Constitución y en las leyes.

-¿Cree que el TC debió prohibir el Pleno de la ruptura? ¿No legitima más a los independentistas una declaración que ha salido de un Parlamento?

-El TC admitió a trámite los recursos de amparo de los grupos parlamentarios, lo que demuestra el papel que tiene que ejercer el tribunal, que es el de tutela de los derechos de todos. Nosotros respetamos lógicamente al TC cuando sus resoluciones son favorables a nuestras peticiones y también cuando no son favorables porque entendemos su papel de arbitraje, moderación e intérprete de la Constitución.

-¿Era necesaria una reforma de la ley del TC para garantizar el cumplimiento de sus sentencias?

-Pensábamos que lo era hace tres meses y hoy las circunstancias acreditan que así es, que pese a que muchos grupos la criticaran y dijeran que era inadecuada e inoportuna.

-Sin embargo el Gobierno la desvinculó del tema de Cataluña...

-Es que no es solamente para este caso. Hay muchos asuntos que se residencian en el TC y conviene que esté dotado de cualidades ejecutivas para imponer sus decisiones.

-¿Como la enseñanza del castellano en las escuelas?

-El Tribunal podrá requerir el cumplimiento de cualquier resolución en cualquier materia de su competencia y podrá imponer sanciones,

-Para el Gobierno hay dos responsables directos de un eventual incumplimiento de la suspensión acordada por el TC, Forcadell y Mas. Si desobedecen, ¿qué pedirán al TC, que les multe o que les aparte de sus cargos?

-La ley orgánica del TC establece una gradación de medidas que el Tribunal puede adoptar de oficio o a instancias del Gobierno. A partir de aquí tendremos que ir viendo qué sucede, si hay incumplimiento y en qué medida.

-¿Plantea algún problema la inviolabilidad parlamentaria de Forcadell?

-Una persona con representación parlamentaria tiene un estatus que le garantiza la inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, no para la comisión de delitos. Estamos manejando en paralelo una vía meramente constitucional y otra penal.

-¿Qué pasaría si una vez suspendida Forcadell el Parlamento fuera designando un sustituto tras otro?

-Si se entra en una dinámica de juego, de trucos, sustituyendo personas para dilatar los tiempos, pero se mantiene el fondo de la cuestión, que es el incumplimiento de la resolución del TC, no habría que descartar la actuación de la Fiscalía por desobediencia y obstrucción a la justicia. El ordenamiento jurídico no deja espacios de impunidad para que puedan burlar las leyes. Vamos paso a paso, confiemos en que impere el sentido común y el respeto a la ley y a la Constitución y que no haya que acudir a mecanismos extraordinarios que por fortuna hasta este momento no hemos conocido

-¿Pero el Gobierno ha estudiado todos los escenarios posibles?

-Están estudiadas todas las alternativas. Lo estaban para la presentación de la impugnación y si hay que seguir en otro tipo actuaciones en el marco de la Constitución, se hará.

-¿Se ha estudiado entonces cómo se aplicaría el artículo 155, si se haría de forma gradual y hasta dónde llegarían?

-El Gobierno es responsable, serio y riguroso, y tiene internamente los estudios de todas las alternativas y la manera de aplicar todas las herramientas previstas en el ordenamiento jurídico.

-Incluyendo el artículo 155...

-Lógicamente

-¿Estaría dispuesto a que interviniera el Ejército llegado el caso?

-Es una hipótesis absolutamente remota. Especular sobre ello no aporta nada.

-¿Cómo se puede controlar la situación en un supuesto de desobediencia masiva?

-Me cuesta mucho imaginar una desobediencia masiva. En una sociedad democrática es inimaginable un conflicto de esas características.

-¿Cree que este es el mayor desafío a la democracia desde el 23-F?

-Posiblemente sí, desde el momento en que un parlamento autonómico, unos grupos parlamentarios que no tienen el aval de la mayoría de la sociedad catalana, están planteando incumplir todas las leyes de la convivencia.. El Parlamento y el Gobierno de Cataluña son instituciones del Estado que existen porque la Constitución española así lo prevé.

-¿Esperan la colaboración de los Mossos?

-Estoy convencido. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los empleados públicos han jurado lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Están al servicio de la ley, no de un partido o gobierno.