Un salto de la valla de Melilla del año pasado - ABC / Vídeo: El Gobierno usa un acuerdo de 1992 para expulsar a los 116 inmigrantes que entraron en Ceuta

Radiografía del acuerdo migratorio de 1992 entre Marruecos y España

El texto, firmado hace 26 años, no entró en vigor hasta el año 2012 y se ha utilizado con cuentagotas

MadridActualizado:

El acuerdo bilateral de readmisión de inmigrantes ilegales firmado en 1992 entre España y Marruecos es un texto con vigencia legal rubricado en Madrid el 13 de febrero de 1992, pero que no entró en vigor hasta el año 2012. Esto se debe a las dificultades que entraña el cumplimiento de sus cláusulas para ambas partes. Su razón de ser es agilizar el mecanismo de expulsión de inmigrantes irregulares pero manteniendo las mismas garantías que ofrece el proceso ordinario. De ahí viene la complicación de cumplir sus preceptos.

La gran pega del texto es que, al tratarse de un acuerdo bilateral, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Esto se traduce en que España podrá devolver a los inmigrantes ilegales que entren en su territorio desde Marruecos siempre que el país africano acepte. Sin la luz verde de Rabat, no hay deportaciones.

Y no es extraño que esto sea así, precisamente por sus exigentes cláusulas . La más difícil de cumplir está especificada en el artículo quinto: «El Estado requerido -en este caso Marruecos- se asegurará de que los extranjeros readmitidos son enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje».

Garantista

Para que los inmigrantes puedan ser devueltos, España debe demostrar, a su vez, que han accedido a territorio nacional desde Marruecos. Si eso no está constatado, el texto no es válido. Este hecho complica que se pueda aplicar a los migrantes que llegan en patera, puesto que resulta difícil de demostrar que han partido de las costas marroquíes. Además, España tiene un plazo de diez días para solicitar cada devolución.

A partir de ahí, el Gobierno deberá cumplir los trámites propios de un proceso de devolución habitual -que puede alargarse hasta seis meses-, aunque en mucho menos tiempo. Esto es, acreditar los datos personales de cada individuo, un tema complejo puesto que muchos inmigrantes carecen de un documento de identidad válido y en ocasiones también mienten a los agentes de policía con su nombre, procedencia o edad para evitar la deportación.

Hasta la fecha, el texto ha sido activado de manera muy puntual y para evitar que los islotes y peñones españoles, a los que es más fácil acceder desde África de forma irregular, se convirtieran en una vía de acceso expedita aprovechada por las mafias para introducir inmigrantes de manera ilegal en España.