«A ver quién es el guapo que sale a bailar ahora»

Lejos de ello, el whatsapp de Cosidó sobre el control de la Sala Segunda del Alto Tribunal ha echado más leña al fuego de la desconfianza en las instituciones y de la imagen de independencia de la justicia, que, a juicio de muchos, ya solo puede recuperarse cambiando el modelo de Consejo de forma que los diez vocales de procedencia judicial sean elegidos por la propia carrera.

En el entorno judicial, pero también en el de los partidos, especialmente en el PP, son conscientes de que cualquier nuevo acercamiento para retomar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato concluye el próximo 4 de diciembre, ya va a estar viciado de origen y bajo la permanente sospecha de politización. En este sentido, el gesto de Marchena ha cerrado la puerta a proponer a otro candidato «con un mínimo de dignidad» para ese puesto. Al menos a corto plazo. «A ver quién es el guapo que sale a bailar ahora», comenta un juez candidato a vocal del Consejo cuyo nombre se barajó para formar parte del órgano en este acuerdo interrumpido.

Ellos, los candidatos frustrados , los veinte juristas y jueces, son los otros perjudicados por la no renovación del órgano, del que tan cerca han estado. Pero a la vez son conscientes de que en estas circunstancias «no queda otra» que dejar el acuerdo en punto muerto. En el caso de los ocho juristas que ya habían sido escogidos por Gobierno y PP (seis de ellos de hecho ya habían pasado el filtro de la entrevista ante las comisiones de justicia de Congreso y Senado), nada garantiza su continuidad en una futura renovación del Consejo: la votación de sus candidaturas se retiró del orden del día del Pleno previsto para el jueves y una nueva relación de fuerzas en el Parlamento puede alterar sensiblemente el acuerdo entre los partidos, pues precisamente la elección de los juristas es meramente discrecional por parte de los intervinientes en esa negociación.

Tampoco hay garantías de que los vocales judiciales consensuados por los negociadores (sólo quedaban pendientes dos por parte del PSOE) se sienten en el próximo Consejo, aunque en su caso al menos saben que seguirán formando parte de la lista de 51 candidatos que concurrieron con avales de asociaciones o de sus propios compañeros. En este caso no hay marcha atrás, pues el plazo para la presentación de candidaturas ya se inició, y los jueces cumplieron con la parte que en esta renovación les toca: facilitar a las Cortes esa lista de preseleccionados. Por tanto, estos jueces y magistrados, entre los que se encontraban tres de la Sala Tercera del Supremo, la de las hipotecas, permanecerán en sus juzgados y Salas hasta que, en su caso, sean llamados por el próximo equipo negociador.

Compañeros de la Sala Segunda de este Tribunal, donde la renuncia de Marchena ha sido muy aplaudida, hacen hincapié en que «esto no puede volver a pasar». Son conscientes de que el sistema de elección del actual Consejo da pábulo a quinielas o incluso a «retransmisiones en directo» de los nombres de los futuros vocales. Lo que no es de recibo, dicen, es lo que ha sucedido con el nombre del presidente cuando todavía no se habían elegido los vocales. La ley deja claro que son ellos los que en la sesión constitutiva tienen que nombrarlo. «De todo esto hay que aprender una lección: no se puede establecer un pasteleo previo sobre la figura de alguien cuyo nombramiento tiene que ser ajeno a los políticos», señala un magistrado de esta Sala. En este sentido, el gesto de Marchena ha sido «correcto, honesto y comprensible» porque habría empezado su mandato «con una mácula desde el principio». «Su gestión se iba a examinar con lupa y cualquier cosa que hiciera ya iba a estar marcada por eso», dice.

A partir de ahora son muchas las incógnitas que se abren en torno a la renovación del Consejo, que dependerá fundamentalmente de la voluntad política y del horizonte parlamentario de las enmiendas presentadas por PP y Ciudadanos para modificar el sistema de elección de los vocales para que sean los propios jueces los que elijan a sus doce representantes. La vuelta a este modelo que ya se puso en práctica en 1980 podría neutralizar en gran medida los excesos del bipartidismo que esta negociación ha puesto sobre la mesa.