Lo que queda de ETA va camino del País Vasco

En este contexto cabe insertar el frenesí de traslados que el Ministerio del Interior viene comunicando sin descanso hace semanas, los ocho últimos ayer. Se trata de un movimiento de presos cuantitativamente inédito, a lo que se suma el agravante de que cuatro de los acercados no han cumplido ni la mitad de su pena y cuatro tienen delitos de sangre.

Entre ellos se cuenta Mikel Xabier Ayensa, al que se impusieron 60 años de cárcel por la ejecución en 1998 del concejal de UPN en Pamplona Tomás Caballero y en 2000 del subteniente del Ejército Francisco Casanova. Asesinos son también Itziar Alberdi y Juan Jesús Narváez, autores del crimen en 1991 en Vallecas (Madrid) de los Tedax Andrés Muñoz y Valentín Martín, por los que fueron sentenciados a 296 años de privación de libertad. A ellos el pistolero añade otros 60 por haber dado muerte en Barcelona el mismo año de los policías nacionales Francisco Javier Delgado y José Ángel Garrido.

Estos tres terroristas, –más Ibai Ayensa, que cumple 31 años por atentado, tenencia de armas y explosivos– serán trasladados a Logroño, hecho que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha subrayado para alertar que allí se está produciendo una concentración de etarras. Lo avala que su prisión aloja ya a 17 internos de la banda, un 10% del total. Tal acumulación es lo opuesto a la dispersión que el propio PSOE diseñó en 1989, cuya utilidad radicaba en facilitar reinserciones individualizadas, básicamente en la medida en que se dificultaba el control de ETA sobre ellos.

Con sangre en su historial se acerca también de La Coruña a Cantabria a José Antonio Borde, del «Comando Vizcaya», al que se atribuye una veintena de asesinatos, aunque está condenado por tres.

El resto de nombres son los de Aitor Esnaola, que va a Soria, y los de Karmelo Lauzirika y José Juan García, que serán trasladados directamente a Álava. El primero colocó bombas en cafeterías en 2004, su sentencia es de 50 años de cárcel, y la del segundo, a 16 años por organización terrorista.

La AVT ha vuelto a lamentar que los escritos de arrepentimiento o rechazo de la violencia que Interior acepta a estos internos son meros formularios firmados y ha enfatizado que el reconocimiento del dolor causado se demostraría con la colaboración de estos presos con la justicia, que no se ha producido.

Tampoco lo ha hecho con los tribunales franceses Frédéric Haramboure, condenado a cadena perpetua en el país vecino en 1990 por su participación en el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987 y que, según se anunció ayer, podrá salir de prisión en libertad condicional a finales del mes próximo.