Puigdemont seguirá en prisión hasta que el juez decida sobre su traslado a España

El riesgo de fuga propició finalmente la decisión de las medidas cautelares, a la espera de la pertinente evaluación del pliego de acusación y de la decisión definitiva sobre su extradición, que cuenta con un plazo de 60 días prorrogables a 90 . Terminaba así una larga jornada de espera en la que las autoridades carcelarias de Neumünster hubieron de hacer frente a varias irregularidades, como los intentos de visita sin haber cumplimentado las reglamentarias solicitudes de varias personas del entorno de Puigdemont.

A primera hora de la mañana, en lugar de acudir a Neumünster, los abogados de Puigdemont acudieron a una reunión internacional que tuvo lugar en Bruselas y su ausencia llevó a la Fiscalía, como muestra de buena voluntad y deseo de preservar todas las garantías, a retrasar la comparecencia del expresidente catalán ante el juez para hacer posible, con el paso de las horas, la llegada de sus abogados. Ésta no llegó a producirse y solamente Jaume Cubillas, al última hora y cuando la comparecencia estaba ya terminando, apareció en la fachada de la prisión para comentar entre los periodistas que acababa de llegar y que no le habían permitido ver a su defendido al imcumplir los trámites reglamentarios.

Un par de horas antes, un monovolumen había entrado a toda velocidad en la plaza que da acceso a la cárcel llevando en su interior a un grupo de diputados catalanes, encabezados por Mercé Canosa y que incluía también a Marc Castells, Quim Torra y Josep Rius . Estos tampoco se habían molestado en pedir cita y salieron por la misma puerta que habían entrado sin haber visto a Puigdemont. Completando el cuadro de apoyo, un ciudadano alemán que se identificó como Leif Hansen acudió a las inmediaciones de la prisión a media mañana para explicar a la prensa que «yo lucho por la democracia directa» y ofrecer «si quiere quedarse aquí puedo invitar a Puigdemont a dormir en mi casa».

Al cierre de esta edición, un grupo de personas con banderas independentistas llegaban a ese mismo escenario y en justicia hay que citar un último elemento de apoyo a Puigdemont en estos momentos difíciles, la asistencia ofrecida a través de las autoridades carcelarias por Pedro Antonio Villena Pérez, cónsul general de España en Hamburgo y que cumplió con la obligación de ofertar la ayuda del Estado de España a cualquier ciudadano español que se encuentre en estas circunstancias ante la Justicia alemana. La igualmente obligatoria confidencialidad impide al consulado informar sobre si Puigdemont aceptó o rechazó esta ayuda.

Tan obvias como la decisión de la Fiscalía e igualmente importantes fueron las declaraciones efectuadas por el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Siebert, que en nombre de Merkel y poniendo por delante el absoluto respeto a la independencia judicial, repitió que «España es un Estado de Derecho democrático» en el que Alemania confía plenamente y que el problema de Cataluña es un «asunto interno» que debe ser resuelto «sobre la base de la Constitución española y las leyes vigentes en España ». Decía esto a una hora en la que un sector de la prensa alemana, encabezada por Thomas Urban en Süddeutsche Zeitung, comenzaba a publicar editoriales afeando a Alemania la detención. La mayoría de los analistas que firmaban anoche desde Karlsruhe, sede del Tribunal Constitucional alemán, dudaban solamente sobre si Puigdemont será finalmente extraditado por el delito de rebelión o solamente por malversación de fondos. Otros medios mostraban menos dudas, como Berliner Morgenpost, que titulaba «extradición impepinable».

Al margen de los titulares periodísticos, en Alemania se especulaba ayer sobre por qué Puigdemont había sido detenido en Alemania y no en Finlandia, Suecia o Dinamarca , países que también había pisado y en los que la euroorden era igualmente válida.

Como respuesta a estas inquietudes, la policía danesa informó en un comunicado que había sido informada sobre la presencia de Puigdemont en su territorio, pero sin tiempo suficiente para actuar. El ministro de Interior de Schleswig Holstein , por su parte, admitió que su oficina había sido informada por los servicios de inteligencia alemanes, que a su vez habían recibido información de agencias amigas. «Lo que decidan ahora los tribunales ya es cosa suya. Nuestra parte consistía en dar cumplimiento a una orden de detención europea y es lo que hemos hecho», defendió Hans- Joachim Grote, añadiendo que los agentes habían realizado una operación impecable.