Puigdemont refuerza la futura agencia de ciberseguridad catalana

Estos refuerzos -cuyos servicios están fijados en una vigencia de un año y cinco meses- tienen cabida en los «principales servicios y actuaciones destacadas» que se recogen en las cuentas del Cesicat para 2017, aprobadas recientemente por el Parlamento de Cataluña.

En total, este organismo tiene un presupuesto de más de 7,5 millones de euros, si bien se engloba en una partida de más de 14 millones que tiene entre sus «objetivos estratégicos» potenciar el Cesicat para «convertir Cataluña en un polo de innovación de la sociedad digital». Las líneas generales del gasto de la partida concreta del Cesicat (los 7,5 millones de euros) tienen como objetivo dar apoyo a «la tramitación de la ley de creación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña», proyecto cuya ponencia está en fase de estudio en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento de Cataluña y que se admitió a trámite en octubre de 2016 con el voto en contra de Cs y el PP.

El Cesicat también tiene como fines presupuestarios «elaborar y dar apoyo a la aprobación del Plan Nacional de Ciberseguridad de Cataluña», «iniciar el despliegue de la estrategia de ciberseguridad de la Generalitat» y, entre otros, «coordinar actuaciones de promoción de la Ciberseguridad en Cataluña en colaboración con el sector privado y otros agentes implicados».

La intención de la Generalitat -ya desde finales de 2014, cuando se iniciaron los trámites de transformación- es la de convertir el Cesicat en una agencia de ciberseguridad (al estilo de las agencias nacionales como la de los Gobiernos de España o de EE.UU., por ejemplo), que no solo tenga incidencia en las nuevas tecnologías y la sociedad digital sino que se convierta en una herramienta de ciberseguridad para la Generalitat.

Si se aprueba esta ley, todavía en trámite parlamentario, se «legalizará» la agencia de ciberdefensa, en la línea de lo que las formaciones independentistas llaman «construcción de estructuras de Estado».