Puigdemont pasa 24 horas detenido tras entregarse a la Policía

Ante el gesto de comparecer voluntariamente antes de que le fuera requerido por la Fiscalía belga , para decir que no aceptaba ser entregado, recibió una respuesta que tal vez no se esperaba: un día en una «dependencia judicial» hasta que el tribunal decidió dejarle salir, bajo condiciones: que no abandone Bélgica sin autorización expresa , que esté en todo momento a disposición de la Policía y que se presente en la Cámara del Consejo el próximo día 29 para una primera vista sobre su entrega a España.

Se diría que el proceso que ha reiniciado por tercera vez el juez instructor Pablo Llarena ha empezado con otro ambiente. Hasta la propia Fiscalía belga reconocía que en este momento el hecho de que haya ya una sentencia en España «cambia las cosas» y en todo caso, el primer capítulo probablemente no le ha salido muy bien a Puigdemont, que llegó a las dependencias de la Policía diciendo que en realidad él es un eurodiputado con inmunidad parlamentaria y parece que eso no ha servido de mucho. El juez tardó muy poco tiempo en preguntar al instructor, que a su vez le sacó de dudas con rapidez.

La baza de sus abogados, dispuestos a alegar que su nombre figuraba en la lista de los resultados electorales, pero que se le ha impedido tomar posesión del escaño, no ha funcionado por ahora. Se podía temer que el juez dijese que prefiere esperar a que el Tribunal Europeo de Luxemburgo resuelva la consulta prejudicial que había presentado el Tribunal Supremo sobre el caso de Oriol Junqueras y que sería también aplicable para él, pero por ahora no consta que sea algo que se vaya a tener en cuenta. El propio Parlamento Europeo decidió impedir la entrada de Puigdemont en su sede desde el momento en que se conoció que se había dictado la nueva orden de entrega.

La Justicia belga fue condenada el pasado mes de julio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por negarse a entregar a la Justicia española a una etarra y la semana pasada, en una cuestión prejudicial el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo incidía también en las mismas tesis sobre la obligación de «confiar» en las autoridades judiciales que emiten la orden de entrega.

¿Habrán hecho mella estas circunstancias en la correosa tradición obstruccionista de algunos jueces belgas? Difícil saberlo. Su abogado belga, Paul Bekaert , es un experto en ayudar a huir a perseguidos y su colaborador, el exterrorista convicto Gonzalo Boye , siguen diciendo que no.