La protesta de anoche en Barcelona - INÉS BAUCELLS

Puigdemont no se mueve mientras el soberanismo le presiona en la calle

El Govern da por hecho el 155 y anuncia que no se quedará de brazos cruzados cuando se aplique

Barcelona/MadridActualizado:

Persiste el bloqueo. La Generalitat de Cataluña no dará ningún paso antes de que mañana a las diez venza el plazo para que una rectificación clara y nítida impidiese la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El presidente Carles Puigdemont, paralizado entre quienes le exigen hechos consumados y proclamar ya la república, y quienes por otra parte le recomiendan prudencia y un gesto para destensar el pulso y evitar la intervención del autogobierno, se mantiene en la posición expresada en la carta al presidente Mariano Rajoy del lunes: declaración unilateral (DUI) en suspenso, no aclaración del alcance de la misma, y apelación a un diálogo imposible.

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Con todo, y aunque con menos inflamación de lo que podría parecer de principio, el ingreso en prisión preventiva de los líderes de la ANC y de Òmnium, ha incrementado el grado y la capacidad de presión por parte de los unilateralistas, a la vez que la movilización independentista volvía ayer a meter presión en la calle. Para el fin de semana se anuncia una nueva manifestación, aunque en el independentismo comienzan a detectarse visibles signos de fatiga.

Activar la DUI

Desde la Generalitat, el tono que se emplea presagia lo inevitable. «El Govern no se moverá. ¿Quieren sentarse a hablar sí o no? El jueves veremos si siguen en la represión o si quieren hablar; hablar sin condiciones», apuntó ayer desafiante el consejero y portavoz del Govern, Jordi Turull, en un tono de confrontación que parecía preparar el terreno para la guerrilla post 155. Si se aplica dicho artículo, dijo Turull, el Govern no se quedará con los brazos cruzados: «Si el otro no quiere dialogar y actúa en la dirección contraria, tendremos que tomar decisiones».

Sobre la mesa, la posibilidad entonces de activar desde el Parlament la DUI suspendida, algo que ayer, la CUP daba por hecho tras una reunión con el grupo de Junts pel Sí. «Ha llegado el momento, y ya se dan las condiciones para proclamar la república, aplicar la ley de transitoriedad y empezar el proceso constituyente», apuntó la diputada Mireia Boya. Según ella, JpS y la CUP están acabando de decidir «el mejor momento y la mejor fórmula» para proclamar la independencia. Nadie desde JpS confirmó este extremo, en lo que se leyó más como una forma de presión que como un acuerdo hecho. «Se encontrarán la república proclamada cuando vengan a por nosotros», añadió la CUP.

La presión en todos los extremos es máxima, también en el seno del PDECat, que para esta tarde ha convocado un Consejo Nacional extraordinario que servirá para «fijar posición» después de los acontecimientos de la semana, según avanzaron a ABC fuentes del partido. En un momento de dudas y presiones por todos costados, el partido quiere salir de esa reunión con un mensaje nítido -se verá-, pero sobre todo con una imagen de unidad para «todo lo que tenga que venir», añadieron las mismas fuentes.

A estas alturas, se reconoce desde los partidos, los acontecimientos se suceden a una gran velocidad, y de manera relevante, el tempo judicial no coincide con el político. Así, y después de unos días de relativa calma, la prisión preventiva para los líderes de la ANC y Òmnium pareció que trasladaba de nuevo Cataluña a las encendidas jornadas posteriores al 1-O, aunque el agotamiento comienza a hacer mella en una ciudadanía que lleva demasiadas semanas en tensión.

El encarcelamiento de los «presos políticos» Sánchez y Cuixart, volvió a unir bajo una misma pancarta al independentismo con sectores no estrictamente secesionistas, como sucedió con las protestas por la intervención policial del 1-O. En el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, el PSC se unió a Bcomú -el partido de Ada Colau- y al independentismo para suspender durante dos días toda la actividad institucional. Por contra, el grupo del PSC no se adhirió al manifiesto que leyó Colau porque no se incluyó una condena a la «unilateralidad».

La posición del grupo socialista en Barcelona es similar a la de otro centenar de alcaldes del PSC, que se sumaron a la condena por el encarcelamento de los líderes de la ANC y Òmnium, opinión también compartida por su primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que valoró como «desproporcionada» la medida.

En el frágil juego de equilibrios entre los dos partidos «hermanos», desde Ferraz no se suscribieron estas declaraciones. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, aseguró que «respeta mucho» a Iceta, pero que los socialistas «nunca valoran las decisiones judiciales». Es la línea que había marcado por la mañana el secretario general. Pedro Sánchez, desplazado ayer a Galicia por los incendios. «Respeto y comprendo las opiniones que se puedan tener, pero como responsable del PSOE ni me pronuncio por las decisiones judiciales que me gustan más o menos. Nunca lo he hecho». Pero fuentes de la dirección querían quitar importancia y comprender la diferencia de mensajes en este punto porque «la posición del PSC es de quien está detrás del fuego».

Pintadas amenazantes

Las medidas judiciales contra Sánchez y Cuixart provocó también un rebrote del nivel de acoso sobre los políticos. Ayer mismo aparecieron pintadas amenazantes contra la ministra Dolors Montserrat en su domicilio de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), previsiblemente hechas por los mismos vándalos que dejaron pintadas también en la sede del PSC de la misma localidad. En paralelo, en Cornellà (Barcelona) también se hicieron pintadas en la sede de Ciudadanos.

«Fuera de la ley solo hay riesgo, miedo e incertidumbre», apuntó el ministro de Justicia Rafael Catalá, que vio como «muy preocupante» que pueda haber un «conflicto social» por el mero hecho de que la justicia funcione, en alusión a las medidas contra Òmnium y la ANC.