PSOE y Podemos chocan sobre la reforma penal de los delitos sexuales

Fuentes de UP reprocharon que el PSOE pretendía que la reforma del «solo sí es sí» del Código Penal no estuviera dentro de la ley de Igualdad sino que fuese en un paquete de modificaciones aparte donde estaría también la rebaja del tipo penal de sedición. Algo a lo que UP se negaba porque eso retrasaría los plazos y, según explicaron, el «compromiso» del documento programático del Gobierno de coalición era llegar al 8-M con la tramitación de la ley activada. El pulso entre los dos partidos provocó el bloqueo del texto desde hace semanas a pesar de estar redactado y de que Montero anunciara en varias ocasiones su presentación «inminente».

Ya en el último Consejo de Ministros (el martes) se intuyó el conflicto cuando la titular de Igualdad aseguró en la rueda de prensa que la ley de libertades sexuales será «una ley integral» que defenderá medidas de prevención y protección de las víctimas y con la que también -enfatizó - se modificará el Código Penal para unificar los delitos de abuso y agresión sexual y penar el no consentimiento sexual. En contra de lo explicado por algunos dirigentes socialistas a los medios.

Después de revelarse las primeras fisuras, finalmente, se impuso el criterio de UP tras una negociación en el Congreso entre los dos partidos en la comisión de coordinación parlamentaria del Gobierno de coalición. Al término, la Secretaría de Estado de Comunicación lanzó un mensaje apaciguador donde aseguró «un consenso total» respecto a la ley de libertades sexuales, así como que «estará «lista en los plazos previstos». A pesar de que el comunicado de La Moncloa no aclaraba si el anteproyecto llevará la reforma del «solo sí es sí» en el Código Penal , fuentes de UP confirmaron que sí y por la tarde, Sánchez lo ratificó desde Bruselas.

Las discrepancias entre socios no se reducen al ámbito de las leyes de libertad sexual, sino que han trascendido también con respecto a la renovación del CGPJ o la gestión migratoria, en este último caso principalmente como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hace hoy ocho días avaló con carácter definitivo las «devoluciones en caliente» de inmigrantes.

La discreta complacencia con el fallo del Ministerio del Interior -que ha hecho muy repetido uso de esta práctica desde que Pedro Sánchez es presidente - ha chocado con la profunda alergia a las entregas exprés que siempre ha mostrado Podemos y así lo dejó entrever ayer la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul. «El tema candente de la sentencia ha venido así como de repente y estamos trabajando para coordinarnos todos y sé que será así. Al principio siempre hay alguna opinión discordante porque la sentencia ha caído como un palo gordo», dijo al asistir a la presentación en Madrid del anuario del Centro de Información y Documentación Internacionales de Barcelona (Cidob). A continuación, restando importancia a esas diferencias, se apresuró a subrayar «somos un Gobierno de coalición estable».

Interior no ha despejado cómo va a aplicar la sentencia de Estrasburgo, pero en su primera reacción ya destacó el «acatamiento» a un fallo que ve plenamente legales las entregas sumarias de inmigrantes a Marruecos. Algo que el PSOE recurrió ante el TC y prometió eliminar. En previsión de un incumplimiento, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, no ha resistido recordar cuál es la posición de su partido: España -dijo- «debe estar a la altura de las exigencias de los derechos fundamentales».