Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso
Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso - EFE

El PSOE también bloquea leyes de sus socios en el Congreso

Denuncia «boicot» de PP y Cs a las cuentas mientras frena a su antojo otros debates como la prisión permanente revisable

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El Gobierno y sus aliados parlamentarios, de un lado, y PP y Ciudadanos, de otro, libran una encarnizada lucha por el control del legislativo. Los socialistas denuncian que los de Pablo Casado, partido mayoritario, y los de Albert Rivera, que suman mayoría en la Mesa, ejercen un boicot inédito en las Cortes a la acción del Ejecutivo, zancadilleando la tramitación de leyes para retrasar su votación en el Pleno, donde la izquierda y los nacionalistas sí son mayoría.

Este argumento ha protagonizado la polémica en torno a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, vital para aprobar los Presupuestos y alargar la vida del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque no es la única proposición de ley paralizada. También el PSOE bloquea lo que quiere.

«Inmadurez»

El equipo de Pedro Sánchez viene acusando a PPy Ciudadanos de «abusar» de las instituciones, en alusión al control que ejercen en las Mesas del Congreso y del Senado, torpedeando los planes del Ejecutivo, especialmente en harina presupuestaria. La portavoz de La Moncloa, Isabel Celaá, acusó hace unos días a las fuerzas de «la derecha» de actuar con «inmadurez» política y exigió la urgente tramitación del texto que da cobertura a las cuentas.

Sin embargo, la realidad en la cocina de la Cámara Baja es bien distinta. El PSOE también ha solicitado de manera sistemática la paralización de media docena de leyes en el Congreso. Cuatro de ellas impulsadas por sus socios PNV y ERC (en el cuadro de abajo la relación de las leyes ralentizadas por los socialistas)

En solo tres meses (agosto es inhábil) el PSOE acumula 145 peticiones de prórrogas sobre distintos proyectos

En el último mes los socialistas han pedido de manera reiterada más tiempo para repensar su posición sobre la prisión permanente revisable, la justicia universal, la suspensión del calendario educativo de la LOMCE, la reforma del TC, el control al Gobierno en funciones, o la propuesta de despenalización de la eutanasia del Parlament de Cataluña. En solo tres meses de actividad parlamentaria –agosto es inhábil en el Congreso– han presentado más de 145 peticiones de prórrogas de enmiendas a éstas y otras leyes que desde la oposición no dudaron en apoyar pero que, una vez en el Gobierno, les es incómodo tramitar.

Congelación «sine die»

El Reglamento del Congreso no pone límite a la petición de prórrogas por lo que permite mantener congelada una ley «sine die». El único requisito es que dos grupos parlamentarios lo soliciten y los socialistas está acusando la alianza de PP y Ciudadanos en la oposición. Así pues, la prórroga de las enmiendas es una herramienta perfectamente lícita. La incoherencia del PSOE se produce al utilizarla después de acusar a PP y Ciudadanos de bloquear la actividad legislativa. Una denuncia que viene utilizando desde el inicio de la legislatura.

El Pleno vota mañana si endurecer los criterios para pedir prórroga de enmiendas, a propuesta del PSOE

El PSOE llevará mañana al Pleno del Congreso una propuesta de reforma del Reglamento para evitar que se eternice la tramitación de leyes. Propone que para acordar prórrogas, será necesario que lo soliciten, como mínimo, dos grupos parlamentarios, pero siempre que estos representen a la mayoría absoluta de la Cámara. Se queja de que en anteriores legislaturas el «criterio» había sido prorrogar ante el deseo de los grupos que representaban la mayoría de los diputados.

17 leyes paradas en ponencia

Junto a estas seis leyes bloqueadas a mano del PSOE, otras 17 iniciativas legislativas se encuentran anómalamente detenidas después de superar el trámite de enmiendas, dos de ellas de carácter urgente como nuevas medidas sociales o la adaptación de la normativa bursátil a la UE.

Las leyes de los seguros privados, para la lucha contra la corrupción, la independencia de los organismos reguladores, la seguridad ciudadana, la reforma de la subcontratación se han quedado congeladas en el siguiente trámite parlamentario, la ponencia. En algunos casos los ponentes que deben elaborar el informe fueron nombrados hace semanas pero no se han reunido aún por primera vez, a pesar de que el Reglamento del Congreso otorga un plazo inicial de quince días para la elaboración del texto. En otros casos, los ponentes ni siquiera han sido elegidos, a pesar de que el trámite anterior acabó hace semanas.

El PSOE está contribuyendo a esta parálisis pero no es el único culpable ya que las ponencias no se ponen en marcha porque no hay un interés fuerte de los grupos para continuar tramitando iniciativas que impulsaron en muchas ocasiones al calor de debates públicos que hoy han perdido urgencia o han quedado superados. Cuando la legislatura se acabe y se disuelvan las Cortes, todas las iniciativas que no hayan concluido su tramitación decaerán y tras las elecciones los grupos que las impulsaron deberán comenzar la labor de nuevo.