El PSOE pide que el Congreso inste al Gobierno a acatar el fallo y a pagar a los funcionarios
El PSOE presentó ayer en el Congreso una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que ejecute la sentencia sobre la congelación salarial de los funcionarios, abra una mesa de negociación con los sindicatos y habilite una partida presupuestaria para el cumplimiento efectivo del fallo. El Gobierno tachó de desfachatez la proposición del PSOE, ya que los socialistas fueron los responsables en 1996 de dejar al país en una grave crisis.
La polémica sentencia que anula la congelación salarial de los funcionarios ha motivado una nueva trifulca entre populares y socialistas en el Congreso de los Diputados. A primera hora de la mañana, los socialistas acudían al registro de la Cámara para presentar una proposición no de ley con la pretenden instar al Gobierno para que ejecute sin rechistar los términos del fallo.
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El Grupo Socialista recuerda en su iniciativa que en septiembre de 1994 la Administración General del Estado y los sindicatos más representativos de los empleados públicos firmaron un acuerdo con una vigencia para tres años, El PSOE considera que el Ejecutivo del PP incumplió ese acuerdo en 1996, excluyó «unilateralmente» la materia retributiva de la negociación colectiva de los funcionarios y limitó el derecho a dicha negociación que la ley reconoce a los empleados públicos.
COMPARECENCIA DE RAJOY Y POSADA
Por todo ello, el PSOE propone que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a «cumplir en sus términos la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que obliga al incremento retributivo de los empleados públicos, correspondiente a 1997, más las cantidades dejadas de percibir durante los años sucesivos».
Además, los socialistas reclaman al Gobierno que abra la Mesa General de Negociación con los Sindicatos para «realizar una efectiva negociación sobre materia retributiva con efectos a la fecha en que debió producirse, restableciendo así el derecho de negociación colectiva recogido en la ley». Por último, los socialistas piden en la proposición no de ley que se habilite una partida presupuestaria para el cumplimiento efectivo de la sentencia.
Además, el Grupo Socialista pedirá la comparecencia en la Cámara de Mariano Rajoy, en su calidad de ministro de Administraciones Públicas cuando se produjo la congelación salarial ahora anulada, y Jesús Posada, actual titular del Departamento ministerial. Los socialistas quieren que Rajoy y Posada aclaren «cuál va a ser el procedimiento, las medidas y los plazos que piensa adoptar el Gobierno para cumplir la sentencia judicial».
Las iniciativas del PSOE han molestado al Gobierno. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, apeló a la responsabilidad del PSOE y pidió a este partido que «haga un esfuerzo para dar la talla porque una cosa es que haga oposición y otra que plantee iniciativas que la inmensa mayoría de la opinión pública considera tontas». Rajoy dijo que, con una sentencia de este tipo, el Gobierno podría firmar un acuerdo «a veinte años vista» y, entonces, ni el PSOE ni el Parlamento podrían emitir siquiera una opinión.
Más duro si cabe se mostró el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, quien tachó de desfachatez las iniciativas del Grupo Socialista. «Es escandaloso que el PSOE -que fue el responsable de dejar la situación económica española en máxima crisis en 1996, un déficit público cercano al 7 por ciento del PIB y una Seguridad Social quebrada- tenga muchas cosas que decir sobre este asunto», afirmó Rato.
El vicepresidente económico señaló que los empleados públicos no han perdido poder adquisitivo en su conjunto, tanto en el periodo 1996-1997 como en el 1998-1999, según datos que obran en poder de los sindicatos y que han sido hechos públicos por el Gobierno.
Por su parte, el Grupo de Izquierda Unida también presentó una serie de iniciativas similar a la del PSOE: una proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a que pague a los funcionarios y la comparecencia de Posada para que explique cómo se va a ejecutar la sentencia. El portavoz de IU en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso, Artero Ruiz, aseguró que aprecia «tintes franquistas» en la postura que ha adoptado el Gobierno en relación con la sentencia.
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