El PSOE da otro bandazo y levanta el veto a la Inspección Educativa

La Mesa del Congreso se reunió ayer a primera hora de la mañana y aceptó esta disconformidad del Gobierno con los votos a favor del PP y el PSOE -cinco, la mayoría- y el voto en contra de Ciudadanos pero también de Podemos, socio del Ejecutivo, que criticaba a la salida el cambio de criterio de los socialistas. «Nosotros somos los únicos que nos mantenemos en que no se puede impedir que las iniciativas lleguen al Pleno. Es el mismo argumento que llevamos defendiendo más de un año y que también defendía el PSOE, hasta ahora», criticaban con cierta incredulidad a la salida de la reunión.

Todo un golpe para los socialistas . No había pasado ni una hora de esta conversación y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, comparecía ante los medios para negar que el veto respondiera a motivos políticos y se refugiaba en un supuesto defecto de forma en la iniciativa de Ciudadanos. Según argumentó, la ley «está mal hecha» porque no consta «una fecha de entrada en vigor» y aseguró que el Gobierno levantará el veto cuando se subsane esta objeción.

Sin embargo, ninguno de los dos representantes del PSOE en la Mesa del Congreso, Micaela Navarro, vicepresidenta segunda, y Juan Luis Gordo, secretario segundo, adujeron esta posibilidad durante la reunión que había mantenido escasas horas antes este órgano. Ambos se aferraron a la justificación remitida por Moncloa y al coste de cinco millones de euros estimado por el Gobierno para respaldar el veto. Ni siquiera cuando el vicepresidente primero, Ignacio Prendes, de Ciudadanos, protestó argumentando que la ley no tiene por qué comprometer el Presupuesto en curso, el PSOE le ofreció que reformulara la ley para poder levantar el veto.

El PP, con tres de los nueve asientos en la Mesa del Congreso, fue decisivo para la aceptación del veto. Fuentes del grupo que preside Pablo Casado subrayan que admitieron la disconformidad de La Moncloa «por coherencia» , pero no por su contenido, que sí apoyan. No en vano, durante la última etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, La Moncloa utilizó esta herramienta para frenar más de 60 leyes de la oposición cuya aprobación hubiera supuesto un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos previstos en el Presupuesto. El PP considera, por tanto, que se trata de una herramienta constitucional y legítima para que el Gobierno defienda el cumplimiento de las cuentas del Estado. La Carta Magna la recoge en su artículo 134.

El PSOE, en cambio, cae en una gran incongruencia política ya que convirtió los vetos presupuestarios de Rajoy en un arma de ataque político, planteando incluso un contencioso con el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.La entonces portavoz socialista, Margarita Robles, defendía que toda ley de la oposición debía poder debatirse y Sánchez prometió a su llegada al poder que levantaría todos los vetos impuestos por Rajoy. Tamaña rectificación solo puede entenderse como un guiño a los grupos independentistas catalanes para los que la creación de la Alta Inspección del Estado era un motivo de preocupación. Ciudadanos tiene ahora la opción de reformular la proposición de ley para el año que viene .