Álvaro Cuesta, a la derecha, en una reunión con concejales del PSOE. ABC

El PSOE no recurrió en plazo la asignación al PP de un escaño por Asturias

El PSOE prescindió de la Ley Electoral —la que regula el procedimiento para impugnar los resultados de unos comicios— al recurrir la asignación al PP de un escaño por Asturias que hubiera correspondido a los socialistas. Semanas después de proclamados los candidatos, el PSOE acudió a la vía administrativa general para interponer su recurso, que el Tribunal Supremo examina hoy.

MADRID. ABC
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La Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene prevista para hoy la deliberación del recurso interpuesto por el PSOE contra la asignación al PP de un escaño por Asturias que, de acuerdo con las actas levantadas por las mesas electorales, hubiera correspondido a los socialistas en las últimas elecciones generales de marzo de 2000.

El error se produjo al pasar a soporte informático los datos de las actas y atribuir, equivocadamente, ochenta votos de la mesa de la localidad de Piloña y 235 de una mesa en Gijón a la «Plataforma España 2000», cuando tales votos eran del PSOE.

Si el Supremo estimara el recurso, el diputado del PP Juan Ángel Bustillo debería abandonar el escaño para que lo ocupe Álvaro Cuesta, responsable de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

El núcleo de la controversia se centra en decidir si al PSOE, por una omisión o dejación achacable al propio partido, se le pasó el plazo hábil para impugnar el resultado electoral.

De hecho, el PSOE no solicitó que se rectificara el error material que, a su juicio, se produjo durante el proceso electoral en el momento y en la forma que indica la Ley de Régimen Electoral General. En lugar de hacer valer sus derechos dentro del plazo de tres días que señala esa normativa, el PSOE esperó a la proclamación de los candidatos y, varias semanas después, invocó un precepto del procedimiento administrativo general para pedir a la Junta Electoral Provincial que modificara la asignación del escaño.

El PP, que ha actuado en el contencioso que tramita el Supremo oponiéndose a la demanda del PSOE, ha alegado que la rectificación de cualquier error que pueda cometerse en el cómputo o asignación de los resultados de unos comicios tiene que producirse según lo previsto en la normativa electoral y no cuando el proceso electoral ya está cerrado.

Además, sostiene que el procedimiento administrativo común es incompatible con el régimen electoral, por lo que no sería aplicable la norma en la que se basa el PSOE para pretender que se revise el escrutinio. Para el PP, si después de celebradas unas elecciones y en cualquier momento en que a un partido se le ocurra se puede solicitar y obtener la corrección de errores materiales o aritméticos, sencillamente la Ley de Régimen Electoral General sobraría.

Con ello, además, quebraría todo el sistema electoral vigente: los representantes y apoderados de las candidaturas no tendrían por qué controlar los escrutinios y los partidos políticos no tendrían que recurrir en el plazo señalado. Podrían examinar, tranquilamente, las actuaciones electorales e impugnarlas en cualquier momento, con lo que la composición de las Cámaras podría verse modificada sorpresivamente.