El PSOE vota en contra de que el Tribunal de Cuentas fiscalice a la Generalitat por el 1-O

En la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el diputado de Cs Saúl Ramírez ha defendido la propuesta de su grupo parlamentario, ante las «sospechas fundadas» de que el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 se financió con el desvío de fondos públicos para «fines inconstitucionales». Estas «sospechas» de Cs se apoyan en los informes de la Guardia Civil, que indican que el Gobierno autonómico de Carles Puigdemont malversó al menos cuatro millones de euros .

Francisco Javier Fernández , diputado del PP, ha sido el único que se ha mostrado favorable a promover esta fiscalización, pero ha acusado a Cs de perseguir «otros objetivos» con esta iniciativa, ya que las investigaciones ya se están produciendo en el ámbito judicial. «Como el PP cree que debe ser investigado desde todas las perspectivas posibles, manifestamos nuestra postura favorable», ha apuntado aun así.

El rechazo del PSOE y de sus socios parlamentarios esta vez no evita que el Parlamento requiera al Tribunal de Cuentas una investigación a fondo que esclarezca cómo se financió exactamente el 1-O, dada la mayoría que suman el PP y Cs en la Comisión Mixta —conformada por diputados y senadores—. El socialista Antonio Hurtado ha justificado el no de su partido alegando que una fiscalización del Tribunal de Cuentas «suspendería de forma inmediata» las investigaciones del Ministerio Fiscal, que ya busca probar los indicios de que los independentistas utilizaron dinero público para sus fines secesionistas.

El PSOE ha añadido además que esta fiscalización es «innecesaria», dado que en 2014 el Ministerio Fiscal ya actuó por cuenta propia ante la consulta del 9-N y los responsables terminaron condenados por el uso de fondos públicos.

El diputado de Podemos Joan Mena , así como los senadores Bernat Picornell (ERC), María Dolores Etxano (PNV) y Maria Teresa Rivero (PDECat) han cargado contra Ciudadanos porque, bajo su punto de vista, solo trata de ganar votos con una proposición «que viene a incendiar». Todos ellos, aunque han obviado las posiciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado respecto a la malversación ligada al «procés», han recordado las palabras del anterior responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro , quien garantizó en sede parlamentaria que no se había destinado «ni un euro» de dinero público al referéndum independentista, y que, además, las cuentas regionales estaban controladas por el Gobierno.