El PSOE hace diputado y asesor de Espadas a un responsable de los ERE

Fuentes de la Consejería de Empleo han asegurado a este periódico que Díaz Alcaraz ha trabajado habitualmente como asesor de este departamento en los últimos mandatos. Contratado a través de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), dependiente de la propia Consejería de Empleo, como experto en Recursos Humanos. Su labor habría sido —según indican las mismas fuentes— la revisión de los listados de trabajadores de diferentes empresas que han solicitado expedientes de regulación de empleo en los últimos años.

De hecho, Díaz aparece como firmante de uno de los ERE sobre los que se investigan irregularidades en la Junta de Andalucía, concretamente el de Delphi, por el que se liquidaron todos los contratos de la compañía asentada en Puerto Real, rubricado también por Guerrero. El documento está fechado el 4 de julio de 2007 y Díaz rubrica el acuerdo en calidad de «asesor laboral de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía». Además de él y de Guerrero, también firman el acuerdo Juan María Bouza, de la Consejería de Empleo, Angelines Ortiz del Río, de la Consejería de Innovación, y Miguel Aramburu, delegado de Empleo en Cádiz.

Este convenio se produjo después de que la empresa se acogiera a la Ley Concursal. La Junta, ante el peligro de «desindustrialización» de la zona portuaria gaditana, avaló este hecho con la intención de salvar la economía del lugar. Pero ese ERE definitivo está ahora bajo sospecha como consecuencia de la investigación policial. En aquel caso, el montante total para pagar los despidos fue de 120 millones de euros.

Lo llamativo es que el escándalo de los ERE en la Junta ha saltado apenas unos días después de que Ramón Díaz Alcaraz, asesor laboral de la Consejería de Empleo, que es el epicentro de las presuntas ilegalidades, haya sido nombrado diputado en el Parlamento andaluz tras una carambola política. En enero dimitió Evangelina Naranjo aduciendo «razones personales», sin más. En tanto que se trataba de una diputada por Sevilla, la lista que tenía que correr era la sevillana, que estuvo encabezada en 2008 precisamente por Viera, secretario del partido en la provincia y Consejero de Empleo desde 2000 a 2004, el periodo en el que supuestamente se instauró el sistema de transferencias al IFA para pagar prejubilaciones que la Policía considera fraudulento.

El caso es que en esa lista por Sevilla la primera en la reserva para acceder al Parlamento era la número 12, Rosario Ayala, quien sorprendentemente renunció a su acta para dar paso a Ramón Díaz Alcaraz, hombre de la máxima confianza de Viera que en los últimos meses había trabajado asesorando incluso al candidato a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, elegido para esta empresa también por el sector vierista. Díaz ha llegado a aparecer incluso como chófer de Espadas durante la precampaña electoral. Entretanto, el nuevo diputado que firmó uno de los ERE bajo sospecha ha ocupado el cargo de director de Recursos Humanos de la Diputación de Sevilla, puesto que ahora abandona para acceder a un escaño en la Cámara andaluza.