El diputado del PP Gil Lázaro «marca» a sus compañeros el voto a la LOPJ.EFE

El PSOE consuma hoy ante el TC su rechazo a la reforma penal contra el plan Ibarretxe

El Congreso aprueba la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y el PP niega la acusación socialista de promover con esta la regulación una «venganza política»

MANUEL MARÍN
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MADRID. El PSOE consumó ayer en el Congreso de los Diputados su distanciamiento respecto al Gobierno ante la pretensión de éste de introducir nuevos delitos en el Código Penal que permitan combatir con una regulación más taxativa el plan Ibarretxe. Si bien el PSOE insiste en su frontal oposición al proyecto secesionista, se ha desmarcado abiertamente de las últimas iniciativas del Ejecutivo «porque no nos vale todo».

En primer lugar, porque el PSOE no considera necesario modificar el Código Penal; en segundo, porque se queja de no haber sido consultado por el Ejecutivo en una materia tan delicada; en tercer lugar, por introducir la reforma por la vía de enmiendas en el Senado a la Ley de Arbitraje; y en cuarto, porque el Gobierno no ha contado con informes preceptivos como el del Consejo General del Poder Judicial, órgano que además ha hecho pública su queja por no haber sido consultado.

Sin tiempo para cambios

Si no hay cambios en el calendario -y muy pocos puede haber a estas alturas de legislatura- la reforma penal contra el plan Ibarretxe saldrá adelante en el Congreso la próxima semana. Y como el PSOE ve improbable que el Gobierno rectifique, hoy prevé acudir ante el Tribunal Constitucional al entender vulnerados sus derechos por las formas que ha utilizado el Ejecutivo para acometer esta reforma penal.

Además, el Grupo Socialista solicitó ayer a la Mesa del Congreso que remita al Consejo del Poder Judicial las enmiendas por las que introduce la iniciativa penal contra el plan Ibarretxe para que el órgano de gobierno de los jueces pueda opinar al respecto. Jesús Caldera, portavoz del Grupo Socialista, consideró que todavía hay tiempo para que el CGPJ pueda emitir un dictamen técnico por la vía de urgencia y remitirlo a la Cámara Baja antes del próximo jueves, cuando está prevista la aprobación de la reforma. No obstante, Caldera dijo tener «pocas esperanzas» porque la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, «actúa siempre a las órdenes del Gobierno». En el CGPJ tampoco esperan ya que se les encomiende el dictamen.

Desde el Gobierno, por el contrario, y aún admitiendo que la utilizada no es la forma más recomendable de plantear iniciativas penales de este calado, insisten en la premura de tiempo antes de agotar la legislatura y, especialmente, en el hecho de que son «reformas necesarias cuya aprobación cumple con los requisitos legales».

De otro lado, el Pleno del Congreso aprobó con los votos del PP y de Coalición Canaria una profunda reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la organización y funcionamiento de los Tribunales. Fue una votación compleja -hasta once veces tuvieron que votar los parlamentarios- por la variedad y alcance de las enmiendas introducidas en el Senado.

La nueva Ley introduce en España la exigencia de Naciones Unidas de instaurar la doble instancia penal, potencia el papel de los Tribunales Superiores de Justicia, introduce los criterios de especialización y formación como méritos para la promoción de los jueces, reforma la Oficina Judicial y otorga nuevas funciones al secretario judicial. El PNV y CiU se opusieron al grueso de la reforma por ser «excesivamente centralista» y el PSOE e IU acusaron al Gobierno de promover esta ley con «ánimo de venganza política», extremos que negó el portavoz del PP, Leocadio Bueso, quien sostuvo que el PSOE tendrá que dar explicaciones después de haber apoyado esta reforma y desmarcarse después por motivos electorales.