El PSOE se aferra aún a la investidura pese a la escalada independentista

De esta manera, la consecuencia política inmediata es que, en la pugna entre JpC y ERC por la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Puigdemont sigue activo y Junqueras verá, en breve, como queda inhabilitado para cargo público. Las consecuencias prácticas para Junqueras serán nulas , ni siquiera en forma de libertad provisional. Aunque constituya una victoria en términos morales y dote de relato a los independentistas. Y con este panorama, la presión de los independentistas para que ERC no pacte con el PSOE aumentará, como mínimo hasta el sábado, fecha en la que los de Junqueras celebran su congreso.

En esta línea, nada más conocer la sentencia del TJUE, un colectivo de ERC, organizado pero minoritario, denominado 1 de Octubre, pidió el fin de las negociaciones de la dirección del partido con el PSOE. A primera hora de la tarde de este jueves, Marta Vilalta, portavoz de ERC, anunció que el partido suspendía las negociaciones con los socialistas hasta conocer su opinión sobre la decisión del TJUE, y sobre todo la posición que la Abogacía del Estado mantiene ante el Supremo, después de que este haya abierto un plazo para que las partes en el juicio del procés expongan sus puntos de vista a tenor de lo fijado por el TJUE.

Sin embargo, fuentes de la dirección de ERC consultadas por ABC, si bien reconocieron, ayer, que la negociación se complicaba un poco, «nada hace que sea imposible» que, finalmente, los independentistas acaben por permitir la reelección de Sánchez . En cualquier caso, las mismas fuentes reconocieron a este diario que la complicación era más por la «presión» de Puigdemont y su entorno, que por la sentencia en sí del TJUE, que no confían que afecte realmente a Junqueras.

El Gobierno tardó más de siete horas en reaccionar a la decisión. Un varapalo que en días previos en el núcleo de poder de La Moncloa se confiaba en poder esquivar. Mediante un comunicado, el Ejecutivo en funciones aseguró que «respeta y acata las resoluciones de los tribunales españoles, así como de los supranacionales, a cuya jurisdicción se somete en virtud de los tratados internacionales firmados por España».

A partir de ahí, desde Presidencia del Gobierno se recordó que este asunto «es una cuestión jurisdiccional adoptada en el ámbito de la independencia de los tribunales». Por lo que traslada la responsabilidad al Supremo, que preguntó al TJUE por el alcance de la inmunidad de Junqueras, quien «debe decidir ahora cómo da cumplimiento a la resolución del tribunal europeo, a cuyo superior criterio está vinculado». Y anunció que la Abogacía del Estado «está estudiando con el debido detenimiento la sentencia y presentará su escrito en los próximos días» . Un escrito al que estará muy atento ERC, pues de su contenido sí depende en parte lo que al final vote en el pleno de investidura de Sánchez. Este pleno, para arrancar el día 27 de diciembre y terminar con Sánchez investido el 30, según fuentes del Congreso, todavía podría celebrarse antes de fin de año. Pero para eso tendría que convocarse el próximo 24, no por cuestiones reglamentarias, ya que puede convocarse el día antes, sino por cuestiones logísticas para que los diputados puedan volver a Madrid tras lacelebración de la Navidad.

Así, el comunicado del Gobierno de Pedro Sánchez intentó poner en valor que el fallo del TJUE no analiza ni se pronuncia sobre la sentencia de 14 de octubre de 2019 del Supremo contra los líderes del procés que no se fugaron. Una línea entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que desde ERC intentan difuminar. En esta línea, respecto al ámbito político el Gobierno se ratificó en la necesidad de «abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias».

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defendió ayer que no hay «nada disonante para seguir trabajando» con ERC en la búsqueda de apoyos. Es la línea que expresaron algunos dirigentes del PSOE que intentaban aislar una cosa de la otra. Pese a la «escenificación» de ERC, un dirigente destacaba que «se cuidaron mucho de decir que no habría acuerdo». Y se refirió a la sentencia como «herencia» del Gobierno de Rajoy. Eso sí, la percepción general es que la posibilidad de una investidura antes de que acabe el año se desvanece. «Es mucho más difícil», reflexionaba un miembro del Gabinete.

A lo largo del día de ayer, las reacciones a la sentencia del TJUE se centraron en adivinar lo que supondría para la negociación entre el PSOE y ERC. Todas las miradas se fijaron en Puigdemont y su entorno, encabezado por Quim Torra, presidente de la Generalitat y sucesor del primero. El expresidente autonómico fugado de la Justicia española recordó, en una reunión por videoconferencia con el grupo de JpC en el Parlamento de Cataluña, que la estrategia de fugarse de España (el «exilio», lo denominó) está empezando a dar sus frutos, frente a los que opinan -aunque no lo explicitó- que lo mejor fue quedarse y asumir la responsabilidad ante los tribunales en 2017.

Torra, por su parte, poco antes de izar la bandera de la UE en el balcón del Palacio de la Generalitat, compareció ante los medios -sin preguntas- para pedir la «nulidad» del juicio del procés , reivindicar la Justicia en la Unión Europea y advertir a ERC: «Es una resolución -la del TJUE- que tiene implicaciones directas para el presidente (sic) Muy Honorable Carles Puigdemont y el consejero Toni Comín, que también vieron negados sus derechos democráticos».

El presidente de la Generalitat, igualmente, exigió «la libertad inmediata de todos los presos políticos, el retorno libre de los exiliados y el archivo de las causas políticas contra los independentistas». Y reiteró que la única solución posible a las demandas de los secesionistas es «el ejercicio del derecho de autodeterminación». Unas peticiones que coinciden, a grosso modo, con lo planteado por ERC en la negociación con el PSOE.