Dos de los fiscales del «procés», en primer término, y los acusados (en el centro), en el juicio en el Supremo
Dos de los fiscales del «procés», en primer término, y los acusados (en el centro), en el juicio en el Supremo

La prueba de la malversación y los vídeos del 1-O, claves en la recta final del juicio

La Fiscalía impugnará las imágenes de las defensas con secuencias cortadas

MadridActualizado:

Tres meses después de su inicio, la sesión número 45 del juicio del «procés» pondrá este miércoles el punto y final a la fase testifical de la vista que sienta en el banquillo por el plan secesionista ilegal a doce líderes independentistas. Con estos trece últimos testimonios se entrará en la recta final de un juicio que previsiblemente quedará visto para sentencia la tercera semana de junio y que dejará sobre el tapete dos relatos opuestos de una misma realidad: la del otoño caliente en el que la Generalitat decidió convocar un referéndum unilateral desobedeciendo a los tribunales, el día en el que el gobierno de Puigdemont antepuso un supuesto mandato popular al cumplimiento de la ley.

Tras el capítulo de los testigos, el juicio se adentrará el mismo miércoles en la fase de las pruebas pericial y documental, el estadio final antes de que las partes expongan sus conclusiones. Con los peritos, el tribunal escuchará a los entendidos en la materia, los expertos propuestos por las acusaciones y las defensas para demostrar que la verdad está de su parte. El análisis del gasto público para fines ilegales — el debate sobre el delito de malversación—, y los polémicos vídeos del referéndum ilegal del 1 de octubre serán las cuestiones centrales.

Los primeros peritos que comparecerán, previsiblemente el próximo miércoles, son los tres funcionarios de Hacienda que apuntalarán el desvío de fondos públicos para el plan secesionista ilegal. Son los tres expertos propuestos por la Fiscalía para probar la malversación quienes expresarán sus conocimientos técnicos sobre la «determinación de fondos públicos destinados a la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum».

Más de 2 millones de euros

El Ministerio Público mantiene que los antiguos gobernantes catalanes destinaron más de 2 millones de euros de dinero público para impulsar y celebrar los hitos decisivos del plan secesionista ilegal, unos gastos en los que incluyen tanto los fondos gastados de hecho como los comprometidos. Los fiscales otorgan importancia a la declaración como testigo de la antigua mano derecha de Cristóbal Montoro, el antiguo subsecretario de Estado de Hacienda Felipe Martínez Rico, que admitió que la Generalitar pudo esquivar los controles del Estado y engañarles.

Después, los magistrados escucharán a una experta propuesta por la Abogacía del Estado, que representa al Gobierno. La subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado, Mercedes Vega, declarará para ratificar un informe sobre el gasto público desviado que consta en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Este documento sin embargo no ha llegado todavía al Tribunal Supremo, según informaron fuentes jurídicas.

En este debate, superar la frontera de los 200.000 euros desviados es decisivo para que la malversación sea agravada, una modalidad que elevaría las posibles condenas y sobre lo que la Fiscalía no tiene ninguna duda. Especial atención merecerá la postura que sobre este asunto adopte la Abogacía del Estado, que ya al inicio del juicio rebajó los hechos de rebelión a sedición tras apartar el Ejecutivo a quien hasta entonces había defendido el primero de estos delitos, a Edmundo Bal.

No obstante, en paralelo a la vía penal, el Tribunal de Cuentas ya se encargará de que se restituya el dinero gastado para fines ilegales. Para derimir esa responsabilidad contable, este organismo emitió recientemente un informe que adelantó ABC en el que cifra en 421 millones de euros el gasto de la Generalitat en acción exterior entre los años 2011 y 2017. Parte de esos fondos sufragaron la actividad encaminada a impulsar en el extranjero el relato del «procés».

La hoja de ruta

Más allá de la malversación, otros peritos de la Fiscalía analizarán el contenido de los documentos incautados al antiguo número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové, al que se le requisó la supuesta hoja de ruta que siguió la estrategia ilegal de los líderes secesionista del «procés». De la prueba propuesta por las defensas destacan los expertos que expondrán su conocimiento sobre el posible valor de los espacios en los que se celebró el referéndum y una pericial médica sobre las supuestas lesiones sufridas por ciudadanos el 1-O.

Después de los peritos será el turno del examen de la prueba documental. En esa fase, las defensas propondrán el visionado de numerosos vídeos sobre el 1-O, con los que buscarán ofrecer una imagen desproporcionada de la actuación policial, que aquella jornada se limitó a cumplir una resolución judicial: la que les ordenaba impedir la votación. Según ha podido saber ABC, la Fiscalía impugnará la proyección de aquellos vídeos que han sido editados y cortados, aquellos que fueron exhibidos en los telediarios y que constan además con opiniones que acompañan a las imágenes.

Patrón común de los testigos

En el balance de los testimonios que se han escuchado hasta ahora, las declaraciones de los testigos propuestos por las defensas han respondido en líneas generales a un patrón común: una simpatía, cuando no militancia, con el independentismo plasmada en forma de lazo amarillo en la solapa de sus chaquetas. La sesión del pasado jueves hizo saltar por los aires la credibilidad de algunos de los testigos propuestos por los letrados de Jordi Cuixart, que aparentemente instruidos por los abogados, entraron en una confrontación directa con el tribunal que causó enorme malestar entre los magistrados. Sobre este incidente latía la sensación de derrota por parte de una defensa que, a la desesperada, intentaba desacreditar al tribunal y buscaba una excusa para llevar su supuesta falta de imparcialidad ante los tribunales europeos.

Funcionarios de la Generalitat, dirigentes políticos y ciudadanos de a pie que participaron en la concentración del 20-S ante la Consejería de Economía o que fueron a votar el 1-O han dibujado a lo largo de las últimas sesiones un escenario diametralmente opuesto al que pintaron días atrás los mandos policiales desplazados a Cataluña en septiembre y octubre de 2017. Un relato en el que la violencia sí estaba presente, pero no la suya, sino la ejercida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre personas que se concentraban de forma «pacífica» celebrando concursos de butifarras.

La exageración desmedida a la hora de relatar la intervención de las fuerzas de seguridad ha supuesto en muchos casos la pérdida de credibilidad de estos testigos, que han llegado a declarar que la Policía levantaba a la gente del suelo por los testículos, que pegaba y remataba a ancianas en el suelo o que apaleaba a algún que otro perro. Hasta una mujer acusó a los agentes de llevarse de un colegio «juguetes y disfraces», y no urnas, que era lo que debían requisar.

Fuentes de la Fiscalía consideran que la fase testifical no ha hecho sino avalar las tesis acusatorias, pues, en su opinión, ha quedado acreditado que fue un gobierno irresponsable el que, a sabiendas de su ilegalidad, lanzó a la gente a la calle a votar en un referéndum que estaba suspendido por el Tribunal Constitucional.

Manuales de resistencia

También que hubo una resistencia organizada a la intervención policial con un plan premeditado que consistía en ocupar los centros de votación durante las horas previas al 1-O disfrazando de actividades lúdicas lo que era un incumplimiento de un auto judicial; que se habían distribuido manuales de resistencia con técnicas para impedir el paso de la Policía a los centros de votación (murallas humanas y sentadas), o que los Mossos d´Esquadra contribuyeron con su pasividad a que no se pudiera llevar a cabo el cierre de los colegios, tal y como había ordenado la juez Mercedes Armas.

De la misma forma, el asedio a la Guardia Civil durante los registros que tuvieron lugar el 20-S ante la Consejería de Economía carecían de cualquier espontaneidad. Al margen de los miembros de la comisión judicial que relataron ante el tribunal las dificultades con las que se encontraron para abandonar el edificio ante la avalancha de personas que se agolparon a las puertas de esta sede (en algunos momentos llegaron a ser 40.000), para la Fiscalía resultó especialmente significativo el testimonio del jefe de la brigada móvil de los Mossos, quien, pese a ser testigo de la defensa, reconoció ante el tribunal que cuando el entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez, vio aparecer a los antidisturbios le dijo en una actitud altiva que se «largaran» porque «eso no era lo acordado» y que llamó por teléfono al presidente (Puigdemont) y al consejero Joaquim Forn. También la Guardia Civil sostuvo que ese día Sànchez «llevaba la voz cantante».