Las protestas y el Sahara llevan la legislatura a un punto crítico

Todo ello en un ya de por sí delicado contexto político por la brecha abierta en el seno de la coalición y de la mayoría de investidura por el envío de armas a Ucrania, una fuerte inflación y una mala gestión de la débil recuperación económica durante los meses previos.

Una muestra gráfica de ese rechazo sin precedentes a la actuación de Sánchez fue la exhibición de banderas saharauis protagonizada este martes en el pleno del Congreso por varios diputados de Unidas Podemos, con el permiso de la dirección del grupo. Es el primer acto de activismo que la formación morada protagoniza en la presente legislatura, en contra de una decisión del Gobierno y dentro de la Cámara Baja.

El episodio interrumpió el orden en el pleno y obligó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet , a exigir la retirada de las enseñas. Podemos era asiduo a este tipo de actuaciones cuando acababa de llegar al Congreso y gobernaba Mariano Rajoy . «El PSOE ha cambiado su posición y ahora apoya que el Sahara sea una provincia más de Marruecos», disparó el portavoz morado, Pablo Echenique , contra el corazón del relato que la rama socialista del Gobierno intenta construir: que nada ha variado.

La investidura se encuentra, por tanto, en un momento crucial. El hartazgo de los socios de Sánchez empieza a tocar techo por la unilateralidad con la que el Ejecutivo está adoptando sus decisiones: una queja repetida desde el inicio de la legislatura, pero que se une ahora al rechazo frontal que generan las últimas decisiones adoptadas por Moncloa. Además, hay una honda preocupación por la mala gestión de la situación económica y social.

Los aliados del Gobierno entienden que Sánchez no está calibrando bien la situación y consideran peligrosa -«suicida», según Íñigo Errejón - su parálisis ante la huelga de transportes y su falta de escucha a los sectores más afectados por la subida de los carburantes. En este contexto, hay un temor generalizado a que la situación vaya a peor y aumente los problemas de desabastecimiento.

Este sería, coinciden los socios de Pedro Sánchez , el caldo de cultivo perfecto para una explosión de malestar social que podría canalizar parte del voto de la clase trabajadora hacia la derecha y la ultraderecha. «O la izquierda se pone las pilas o solo queda Vox», resumió el portavoz de ERC, Gabriel Rufi án .

Su homóloga en Bildu, Mertxe Aizpurua , fue la primera en advertir este martes de que la situación en la calle es «insostenible». La portavoz vasca urgió al Gobierno a «tomar cartas en el asunto con la mayor celeridad posible » y a hacerlo siendo «fiel a lo que dijo que iba a hacer, a su pacto de gobierno y a su programa electoral». Aizpurua avisó que si S ánchez sigue incumpliendo lo prometido , «se hará un flaco favor a sí mismo y a la ciudadanía».

Esta advertencia se produce porque entre los socios de Sánchez también existe el temor a que el líder socialista intente salir de esta crisis de la mano del PP . Sobre el Sahara, la portavoz vasca insistió en la soledad del Gobierno al preguntarse con irritación en «base a qué mayoría parlamentaria» se ha adoptado la decisión.

Rufián también reconoció que la legislatura está en un momento «crítico» y se centró en el Sahara. «La duda es a cambio de qué ha canjeado (Sánchez) sus principios», cuestionó. «No se puede abandonar a un pueblo en mitad del desierto sin dar explicaciones». El republicano, además, apretó a Unidas Podemos instándole a plantearse su papel en la coalición . A juicio de Rufián, los «sapos» que el PSOE le está obligando a tragarse son tantos y de tal magnitud que debería «reflexionar» si es más útil a la gente de izquierdas fuera o dentro del Ejecutivo. En cuanto a las protestas del campo, y de cara a la reunión que ERC mantendrá hoy con el Ejecutivo, adelantó que pedirá «un gran impuesto» a las eléctricas y a las grandes fortunas para un fondo de ayudas directas.

Por su parte, el portavoz del PDECat, Ferran Bel , considera que si bien esta legislatura ha estado llena de «momentos clave» y «difíciles» -prórrogas del estado de alarma, fondos europeos o reforma laboral-, la situación actual no tiene «ningún antecedente». «Ni siquiera con la pandemia se puede establecer un paralelismo con lo que espera para las próximas semanas».

Bel puso el foco tanto en el corto como en el medio plazo y avisó al Gobierno de que esta vez el problema no se encuentra tanto en una aritmética parlamentaria concreta sino en «el momento económico que se puede producir». «Va a ser muy difícil no solo para el Gobierno sino para los ciudadanos y los grupos parlamentarios», pronosticó, en alusión a aumentos adicionales de los precios y situaciones de desabastecimiento.

En línea similar, el líder de Más País, Íñigo Errejón , acusó al Gobierno de regalar la bandera de las protestas a la extrema derecha y de dar la espalda a los sectores que más están sufriendo la inflación energética. «Un gobierno progresista no se puede permitir el lujo de no escuchar», cargó. En cuanto al Sahara, censuró al Ejecutivo por «ceder al chantaje de la Monarquía marroquí» y le advirtió: «Hoy es para el Sahara y mañana será para otra cosa». En línea similar, el diputado de Compromís, Joan Baldoví , definió el momento político como «especialmente complicado» y «el más crítico de la legislatura».

El político valenciano cargó contra Sánchez por actuar como si «tuviera mayoría absoluta» cuando son sus socios los que hacen «posible que sea presidente del Gobierno». Y sobre el Sahara reclamó una votación parlamentaria. «Este cambio de posición es una cosa que a nuestro entender se debe de votar en el Congreso». El martes, tras nuevas reuniones en la ronda que arrancó la semana pasada, seguían sucediéndose las peticiones de medidas que no llegan.

Las críticas de los socios de Sánchez se mimetizan con las del bloque conservador en todo lo referente al Sahara. Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, atacó a Sánchez por «dar un bandazo y girar en lo que ha sido una política que estaba acordada durante los últimos 47 años».

Además, criticó la pasividad del Gobierno y el mantenimiento de 22 ministerios con la pérdida de poder adquisitivo que sufre la población. «Es necesario que el Gobierno se adecúe a la situación económica del país», dijo la dirigente popular, que pidió suprimir el Ministerio de Igualdad y que sus políticas se desarrollen por otros departamentos. Vox también defiende la reducción del Gobierno. Es una medida que este partido exige desde el inicio de la coalición y que los socialistas volvieron a desoír durante todo el día.