Los protagonistas del otoño político catalán

A pesar de sus intentos por dar solidez a su presencia al frente de la Generalitat, Quim Torra sigue desdibujado como jefe del ejecutivo. El curso que empieza llega con la oportunidad de reivindicarse en el debate de política general del Parlament el 25 y 26 de septiembre. Asimismo, Torra podría verse abocado a una cuestión de confianza si los presupuestos que prepara no logran el apoyo de la oposición. Esa podría ser la estocada a un presidente del Govern que nunca ha convencido ni a su propio equipo.

Paralelamente, Torra sigue ejerciendo de «correa de transmisión» de las directrices que marca Carles Puigdemont desde Bélgica. Ayer mismo, insinuó la posibilidad de tratar de investir al presidente fugado . Torra pidió a Roger Torrent (ERC), presidente del Parlamento catalán, tener «muy presente» a Puigdemont y le presionó para que la cámara se comprometa a ser parte de la respuesta del separatismo a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los presos del «procés». Torra insiste en que «no aceptará» cualquier sentencia que no sea la absolución. Esta consideración la hizo después de que Torrent apostase por un gobierno de concentración sobernista como respuesta a la sentencia. De fondo, sin embargo, queda la sombra de un posible adelanto electoral tras el fallo.

Puigdemont planeó 2019 como el año en el que recuperaría protagonismo internacional gracias a su salto al Parlamento Europeo. No obstante, la experiencia comunitaria del fugado duró una campaña electoral . Finalmente, la eurocambra se negó a entregarle el acta de eurodiputado y este verano el Tribunal General de la Unión desestimó las medidas cautelares que solicitó el expresidente fugado.

Fracasada la «vía europea», Puigdemont ha vuelto a sacar del cajón «La Crida», su enésimo intento para dotarse de un instrumento político a la medida que, a la postre, le permita liquidar el PDECat y restarle votos a ERC. El exalcalde de Gerona también encara el otoño con el reto de mantenerse en el candelero en un curso en el que el protagonismo lo tendrán los presos independentistas, a la espera de conocer la sentencia del juicio al «procés» en el Tribunal Supremo. Sufragar su «exilio» en el exterior es otro de los desafíos ya que los ingresos de sus fieles van a la baja y el «Consell per la República» no despega.

Desde prisión, Oriol Junqueras ofrece un discurso que difiere –y casi enmienda– la s salidas de tono de Quim Torra y Carles Puigdemont. ERC aspira a representar al independentismo «moderado» que no reniega de la negociación y el diálogo con el Estado mientras el presidente catalán y su mentor enarbolan la bandera de la confrontación. Las posiciones ponderadas de los republicanos les han valido no pocas criticas por parte de los sectores más hiperventilados del secesionismo. No obstante, Junqueras parece dispuesto a mantener su recién estrenada templanza. ¿El reto? Convertir las buenas perspectivas que cosecha ERC en las encuestas en resultados tangibles que permitan pilotar desde la Generalitat la nueva fase del «procés» postsentencia. Para ello, los republicanos aguardan con paciencia la eventual caída del gobierno de Quim Torra y miman sus relaciones con los comunes de Ada Colau. En este sentido, no debe pasar por alto la propuesta lanzada por ERC esta semana de ligar la (difícil) aprobación de los presupuestos catalanes a una cuestión de confianza que podría hacer caer a Torra.

La entidad que ha sido motor del proceso soberanista aspira a liderar la respuesta civil a la sentencia del 1-0 . Ubicada en el sector más ultra del independentismo –lo que incluso incomoda a sectores de ERC–, la ANC sostiene que sin unilateralidad no habrá secesión, convirtiéndose en el guardián del secesionismo más intransigente.La próxima Diada del 11 de septiembre se convertirá en una prueba de fuego para sus organizadores, que aspiran, de nuevo, a que la manifestación sea una palanca de presión sobre los partidos. Sectores independentistas que aún apelan al diálogo alertan contra una jornada convertida en «aquelarre purificador contra los traidores».

La Diada, en cualquier caso, será un ensayo de la movilización que se quiere dar como respuesta a la sentencia del TS, una contestación que el secesionismo más fantasioso –el que solo se alimenta de medios afines y cuentas de Twitter de la cuerda– aspira a convertir en un pulso para, ahora sí, doblegar al Estado . Se da por descontada una convocatoria de huelga, un «paro de país» que, como es costumbre, se centrará en la administración y sector público. Nulo impacto en el resto de sectores. La mayor o menor intensidad de la actividad de los CDR determinará si ello se convierte en problema de orden público.

La alcaldesa de Barcelona afronta el curso político con el reto de enderezar la crisis de seguridad que azota la capital catalana , un asunto en el que ha cedido el liderazgo al PSC, partido con el que gobierna en la ciudad. Su alianza con los socialistas –tras descartar el pacto con ERC y gracias al apoyo de Manuel Valls– llevaría a pensar que ha superado su estado de etérea equidistancia ante los acontecimientos políticos que se prevén para otoño. La pancarta por los presos colgada en el Ayuntamiento desmiente esa impresión . El independentismo cuenta con los comunes para armar una ficticia mayoría –siempre apelan a un supuesto 80% demoscópico– contra la sentencia del Supremo.

La sentencia del Tribunal Supremo, cuyo fallo está previsto para la primera quincena de octubre , tal y como avanzó ABC, redefinirá el escenario político catalán. A corto plazo, puede desencadenar un adelanto electoral que muchos ven como inevitable dada la debilidad del Govern, o de otro movimiento que el independentismo más iluminado aspira a que supere al del otoño de 2017, el ansiado «momentum» con el que el president Torra especula. A medio plazo, la sentencia que redactará Manuel Marchena condicionará la estrategia de todos los partidos, de manera particular los independentistas, embarcados todos en una «porra» algo macabra sobre qué comportaría políticamente una pena u otra. Una condena severa alimentaría el discurso del secesionismo más ultra, que se reafirmaría en su visión de la imposibilidad del diálogo con el Estado, previenen los sectores partidarios del diálogo;una condena «suave» daría alas a los «indepes» partidarios del «lo volveremos a hacer», alertan los más reacios a contemporizar.

La llegada del ex primer ministro francés Manuel Valls a Barcelona sacudió la escena política catalana. A pesar de su mal resultado en las elecciones municipales fue decisivo para que ERC no gobernase la ciudad. Aunque aún por definir, el galo, de la mano de la concejal Eva Parera, podría tener un papel decisivo en la reconfiguración del espacio huérfano del catalanismo moderado . El proyecto Cataluña XXI y su articulación en el nuevo partido Lliga Democràtica es una de las múltiples iniciativas que aspiran a articular este espacio –otras reivindican el catalanismo, pero sin renunciar al soberanismo–, aspirando a emular la centralidad y el protagonismo del PNV.

Fernando Sánchez Costa dirige Societat Civil Catalana (SCC), la entidad que ha vehiculado la respuesta civil al «procés» en los últimos años y único punto de confluencia entre las distintas fuerzas constitucionalistas, al menos hasta ahora. Cs acusa a SCC de girar a favor de las tesis apaciguadoras del PSC, lo que ha abierto una crisis con la formación naranja. La polémica es el ejemplo más claro de las dificultades en la órbita constitucionalista para adoptar una posición coordinada una vez que para algunos, es el caso de SCC, el «procés» es cosa del pasado, al menos en la forma en la que se ha conocido hasta ahora, y por tanto hay que articular otra estrategia para combatirlo. La división en el independentismo tiene su espejo en el constitucionalismo, que solo articuló una respuesta unitaria, y aún con matices, cuando el soberanismo traspasó todas las líneas rojas. El PPC se aprestó a registrar la marca Catalunya Suma, iniciativa acogida en Cs con indiferencia. Mientras, el PSC aspira a domar al soberanismo mirando a ERC y a los comunes. Una entidad como SCC, con un Sánchez Costa procedente del PPC, trabaja por recoser este espacio.

Este curso podría darse por acabada la vida del PDECat . El partido surgido de las cenizas de la antigua Convergència acumula fracasos electorales y máscaras para esconder una marca que nunca ha llegado a probarse como tal en las urnas. Su presidente, David Bonvehí, no esconde la debilidad de la formación e incluso se plantea su integración en otro proyecto que agrupe, con más vigor, lo que queda de la antigua CDC de Jordi Pujol y Artur Mas. Con esta meta, el entorno de Puigdemont lleva meses preparando el despegue de «La Crida», invento presidido por el preso Jordi Sànchez con vocación de elevar los magros resultados cosechados recientemente por Junts per Catalunya (JpC) pescando votos de ERC. Bonvehí, quien pilotó el pacto con el PSC para controlar la Diputación de Barcelona que enfadó a Torra, deberá ahora salvar a su menguante partido ante las ansias de «disolución» que llegan de Waterloo.