«Proponer a De Prada como vocal era una forma sencilla de torpedear el pacto»

Parece que a la tercera no ha sido la vencida.... ¿se renovará algún día el Consejo General del Poder Judicial? ¿Quién tiene la culpa de que no haya acuerdo?

Así es, lamentablemente, a la tercera no ha sido la vencida, y reconozco que hay días que llego a pensar que no será tampoco ni a la cuarta ni a la quinta. Un análisis más sosegado me lleva a no ser tan pesimista: en las tres ocasiones en las que los negociadores se han sentado a hablar, el acuerdo ha estado muy cerca. La primera vez el acuerdo estuvo totalmente concluido, y en las dos siguientes muy cerca de concluirse. Y la forma en como los acuerdos naufragaron también revela aspectos a tener en cuenta para futuras negociaciones. La primera vez el acuerdo se vino abajo porque, según parece, se produjo una filtración insólita desde o cerca del Ministerio de Justicia que se siguió de un whatsapp absurdo de un senador del PP. La segunda vez el acuerdo fracasó porque Podemos se empeñó en una campaña de ataque al Jefe del Estado que hacía inviable todo gesto de acuerdo con partidos que participaban en un gobierno en el que se encontraba coaligado un partido antisistema dedicado a ofender a la Jefatura del Estado. Y la tercera vez fracasó porque ese mismo partido se empeñó en una propuesta que sabía inaceptable para la otra parte antes incluso de formularla. Proponer a José Ricardo de Prado como vocal era una forma sencilla de torpedear la negociación. La lección es clara: el sistema actual exige actitud de consenso, y eso es algo tremendamente difícil de conseguir si hay elementos dedicados a impedirlo y con capacidad para hacer inefectivos los esfuerzos de los partidos mayoritarios. La ruptura reciente de nuestro sistema de bipartidismo imperfecto ha producido ese efecto.

¿Qué va a implicar la reforma aprobada en el día a día del Consejo? ¿Cómo va a afectar a su actividad?

La reforma es intolerable en su concepción y en sus efectos, por más que se haya aprobado. En definitiva supone que alguien «ha pensado» que para solucionar un problema (la falta de acuerdo en la renovación) lo mejor es causar un problema mucho más grave , perjudicando el buen funcionamiento de la Administración de Justicia (paralizando nombramientos de cargos judiciales), para poder culpar a la otra parte negociadora de que no se solucione ese problema. Ignoro quién es el diseñador de esa estrategia, pero se me hace evidente el nivel de su compromiso con la defensa del interés general de los españoles: ninguno. El problema, sin embargo, es más conceptual que práctico porque, en este momento, esa medida sólo a largo plazo producirá un efecto apreciable: la mayor parte de las vacantes se producen por expiración de mandato de presidencias de salas y tribunales, que sencillamente seguirán en funciones hasta que se nombre a los nuevos presidentes. El problema es más efectivo en el Tribunal Supremo, aunque ahora mismo y durante este año, el número de plazas afectadas es pequeño. El estratega no conseguirá su objetivo de paralizar la Justicia. Hasta para hacer el mal es necesaria una cierta dosis de inteligencia, que no parece que le haya sobrado al estratega en cuestión.

¿Qué pretende hacer el Consejo con el informe jurídico que ha encargado a su Gabinete Técnico?

De momento, precisar el alcance de la reforma para mediarla en todas sus consecuencias. Con su resultado, podemos desde no hacer nada a plantear un conflicto constitucional de atribuciones. Entiendo que lo más claro sería un recurso de inconstitucionalidad, pero eso es algo para lo que el Consejo carece de legitimación.

¿El interés de los políticos con los nombramientos no perjudica a la imagen del órgano en el sentido de que parece que no se elige a los mejores?

Lamentablemente, es así. Hacer los nombramientos para los altos cargos judiciales no es sencillo. No es tan simple como afirmar que el candidato más antiguo es el mejor y que toca nombrarlo. Ese no es el sistema de nuestra Ley y el conjunto de elementos a tener en cuenta para llevar a cabo un nombramiento es complejo. La actitud irresponsable de algunos sectores de la clase política con sus planteamientos, en los que no faltan notables dosis de ignorancia, consigue trasladar a la ciudadanía una imagen totalmente distorsionada de la Justicia y su funcionamiento: consiguen trasladar a la opinión pública la impresión de que toda esa complejidad se reduce a nombrar a los candidatos por simples influencias y eso es algo que, sencillamente, no es cierto.

¿Por qué se paralizan los nombramientos y no la actividad de la Comisión Disciplinaria, por ejemplo?

Esa es una buena pregunta, y podría añadirse más: ¿por qué no se paraliza la inspección o los informes o la gestión económica? El planteamiento del estratega de la Ley, al margen del juicio que me merece desde el punto de vista de las intenciones, es de una ignorancia infinita: pretende establecer una equiparación entre la situación de un «Gobierno en funciones» -cuyas funciones están limitadas por la Ley del Gobierno- y un «Consejo en funciones». Eso implica comparar un huevo con una castaña: las limitaciones funcionales del Gobierno derivan de su relación de confianza permanente con el Parlamento, que obviamente desaparece cuando el Parlamento se disuelve. Esa circunstancia no se da con el Consejo, que no se debe a la confianza de nadie que permita justificar su limitación funcional, que carece de todo tipo de justificación . Si algo parecido me lo dijera uno de mis alumnos de primer año de la Facultad de Derecho, no le dejaría pasar de curso hasta que se lo aprendiera.

En los últimos plenos en los que se acometieron nombramientos con la reforma del Consejo ya en marcha se alcanzaron mayorías históricas. ¿Fue un acto de rebeldía hacia el Ejecutivo?

Yo no hablaría de rebeldía. Difícilmente puede haber rebeldía en el cumplimiento legítimo de las funciones que atribuye la Ley, pero si fue una lección que era necesario que algunos aprendieran, y especialmente el Ministro de Justicia, cuya gestión del conflicto derivado de la falta de renovación no se ha caracterizado por sus aciertos. Tengo presente que después de la fenomenal metedura de pata que fue impedirle a su Majestad que acudiera a la entrega de despachos a los nuevos jueces, y las insólitas tonterías que se dijeron para justificar su ausencia, el Ministro cometió la torpeza de afirmar que el Consejo estaba «en descomposición». Era necesario que entendiera que se había equivocado, y creo que lo entendió.

¿Por qué se fracturó el Pleno al abordar la última tanda de nombramientos si el acuerdo entre PP y PSOE ya se había roto y la situación volvía a ser la de antes?

Fue una fractura limitada a algunas personas y que afectó sólo a dos de los ocho nombramientos, pero es cierto que, en definitiva, la hubo. Yo no entendí ni la postura ni las explicaciones ni fui capaz de entrever la coherencia del planteamiento cuando lo comparaba con el que se había mantenido escasos días antes, pero no sería justo que entrara en calificaciones o descalificaciones sobre lo que no entiendo. Lo mejor es preguntárselo a esas personas.

Este Consejo ha afrontado situaciones que ningún otro Consejo había vivido antes: injerencias del Ejecutivo, desplantes del Legislativo... ¿Por qué está pasando esto? ¿Le preocupa que en la tribuna del Congreso se hable de togas franquistas?

Me preocupa mucho, muchísimo en realidad. En la Europa del este se están produciendo fenómenos de lo que se conoce como 'backsliding', de involución lenta o progresiva de las garantías propias de los sistemas democráticos liberales en contextos de gobiernos de partidos o movimientos populistas que no aceptan el sistema de contrapesos propios de las democracias avanzadas. Esos fenómenos de 'backsliding' suelen poner en el punto de mira al poder judicial, precisamente porque su función es asegurar la efectividad de las garantías que esos partidos quieren suprimir. El sur de Europa no es inmune a esos fenómenos. También aquí tenemos partidos y movimientos populistas que, si tienen opciones de gobierno, plantean el riesgo de contagiar a sus socios. La ocupación política de una Fiscalía General del Estado o la injerencia en las funciones básicas que la Constitución atribuye en exclusiva y sin limitaciones al CGPJ, como ocurre con una limitación para efectuar nombramientos son, en mi opinión, preocupantes manifestaciones de 'backsliding'.

¿Qué le pareció la irrupción de Irene Montero en un programa del corazón opinando sobre un procedimiento judicial archivado de forma provisional?

Un nivelazo, vaya que sí. Me pareció penoso, el último sitio en el que quisiera ver a un ministro de España. Pero al margen de lo penoso del episodio, el contenido de la intervención me pareció de una gravedad extrema ¿Cómo pueden pensar los ciudadanos españoles que cuentan con un Gobierno que protege sus derechos fundamentales, cuando uno de sus miembros aparece en televisión para despreciar los derechos de un ciudadano en concreto y, además, lo hace desacreditando al poder del Estado que actuó precisamente limitado por esos derechos? Un ministro no es quién para aparecer en un programa de televisión y despreciar el derecho fundamental a la presunción de inocencia de un ciudadano ni desacreditar una resolución judicial. Y si un ministro no sabe que no puede hacerlo o no puede o no quiere aceptar que no puede hacerlo, es que no puede ser un ministro de España.

¿Cree que el actual sistema de nombramiento del Consejo ahonda en esa imagen de politización que se tiene de este órgano? ¿Es partidario de cambiar ese sistema y que los vocales de procedencia judicial sean elegidos por sus propios compañeros?

Creo que es imprescindible cambiar el sistema de nombramiento de los vocales judiciales para que sean elegidos por sus pares. Reconozco que no siempre lo he visto así. He tenido mis dudas sobre si era conveniente pasar de un Consejo nombrado por los partidos a un Consejo nombrado por las asociaciones judiciales. Pero la realidad se impone: es inasumible e imposible mantener el actual sistema de nombramiento , que está en la base de todos los problemas que padece el Consejo; es necesario alinearse con lo que nos exige la Europa en la que nos hemos integrado; y nada impide hacerlo con un sistema de elección que asegure una representación adecuada de los miembros de la Carrera Judicial para evitar los problemas que generaría transitar de un «sistema de partidos» a un «sistema de asociaciones».

¿Por qué un «sistema de asociaciones» si se deja que en esa elección participe toda la carrera?

Porque en unas elecciones con votantes en toda España, los candidatos que pertenezcan a una organización estructurada (asociaciones) van a tener muchas más opciones que otros candidatos que no cuenten con el apoyo de esa organización. Dependiendo de cómo sea la regulación, podría provocar que los doce vocales judiciales pertenezcan a una única asociación. Algo parecido provocaría el fracaso del sistema.

Si PP y PSOE no logran un acuerdo, es posible que el gobierno y sus socios reactiven la reforma que modifica las mayorías que Europa ya ha dicho que vigila de cerca. ¿Qué supondría esto?

Supondría el punto y final de una Justicia independiente en España, que nos situaría a la par de los peores populismos antisistema que se mueven por el este de Europa. Antes hablaba de los fenómenos de 'backsliding'. Literalmente quiere decir «deslizarse hacia atrás», de ahí que el término involución no sea suficiente para traducir la palabra: es una involución lenta o progresiva, que el ciudadano no puede percibir de manera inmediata. La propuesta de la que me habla no sería un 'backsliding' porque implicaría un 'back' abrupto que, con sola una página del BOE, nos trasladaría a una era predemocrática . A esa propuesta normativa la llamé en un artículo la vía polaca y es sencillamente eso, la vía propia de un movimiento ultra, populista y no democrático cuyas consecuencias en términos de pérdida de calidad democrática son atroces.

Usted ha sido, junto con Victoria Cinto, uno de los artífices de los acuerdos casi unánimes del Consejo en cuestiones importantes, ¿cree que esa unidad ha favorecido la imagen del CGPJ?

Los únicos artífices de los acuerdos han sido los vocales que los adoptaron con su voto. Otra cosa diferente es que hablar a veintiuna voces es complicado y se necesiten interlocutores. El acierto ha sido que Mariví fuese interlocutora. Es una persona de una gran calidad humana y de una inteligencia y valía profesional indiscutible, firme en los planteamientos de partida pero flexible y ponderada en la concepción global de un acuerdo. Con ella, hasta a un ladrillo como yo le resulta fácil establecer líneas de consenso. Estoy convencido de que esa unidad ha favorecido la imagen del CGPJ, de hecho, esa fue la única indicación que nos hizo el Presidente, que fuésemos capaces de establecer acuerdos viables con el mayor apoyo posible, más allá de las mayorías de por sí cualificadas que exige nuestra Ley Orgánica, porque de ello dependía nuestro crédito. Y el éxito ha sido tanto como para que no se haya encontrado otra fórmula para combatirlo que aprobar una Ley con una limitación inconstitucional.

¿Cómo es la relación del Consejo con el ministro de Justicia?

Con el Ministerio (e insisto, el Ministerio) la relación no es diferente a como lo ha sido con todos los Ministerios de Justicia de nuestro mandato: fluida y profesional y se desarrolla con normalidad a través de los cauces previstos en la Ley. Con el Ministro como tal… supongo que va por barrios: con el Presidente del Consejo me consta que se mantiene en los términos adecuados de cordialidad institucional; con los vocales, imagino que habrá que preguntarle a cada uno; si me pregunta a mí, ya le aclaro que esa relación no existe. También le digo que las torpezas en las que incurrió y a las que me he referido antes no se recibieron con comentarios amables, al menos por los vocales con los que hablé de ellas.