El programa del PP incluirá la derogación de la «reforma Aído»
Federico Trillo | VÍCTOR LERENA

El programa del PP incluirá la derogación de la «reforma Aído»

DOMINGO PÉREZ | MADRID
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Federico Trillo, en nombre de Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría, Sandra Moneo, Santiago Cervera y de otros 45 diputados del Partido Popular, presentó ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la nueva ley del aborto que, si nada lo impide, entrará en vigor el próximo 5 de julio.

Como ya adelantó punto por punto ABC, el recurso impugna ocho preceptos y solicita la suspensión de todos ellos. «Es decir -como aclaró el coordinador de Justicia del PP- pedimos lo que en cualquier otro proceso se llama una medida cautelar». Trillo justifica esta petición en el lógico convencimiento de que la aplicación de las normas recurridas «generaría perjuicios irreparables evidentes, al tratarse de vidas humanas cuya eliminación sería irremediable si al final se declaran inconstitucionales».

Igualmente Trillo confirmó que su partido derogará la «reforma Aído» en caso de gobernar. «Así se ha anunciado -aseguró- y habrá que llevarlo al programa electoral ante las próximas elecciones generales».

El recurso toma como punto de partida la doctrina del TC en su sentencia de 1986, ratificada posteriormente en dictámenes de 1996 y 1999, donde se establece que los derechos de la mujer no pueden primar sobre el derecho a la vida del no nacido.

En este sentido, Trillo considera que la nueva ley reconoce «el derecho del aborto libre hasta la semana 14, hasta los tres meses y medio de gestación, lo que nos parece contrario al derecho a la vida, tal y como lo ha interpretado el TC desde sus comienzos». Este sería el primero de los preceptos impugnados.

Aborto de las menores

La nueva regulación permite además el aborto de las menores de 16 y 17 años sin el consentimiento y en ocasiones sin el conocimiento de sus padres o tutores. Una cuestión que es para los recurrentes «manifiestamente inconstitucional porque supone una flagrante violación de los derechos de los padres a que sus hijos reciban una formación conforme a sus propias convicciones e ignora las responsabilidades que les son inherentes en el ejercicio de la patria potestad».

Sobre este asunto, Sandra Moneo calificó de «escandaloso» que en el desarrollo de la ley, Sanidad pretende dejar en manos de los médicos la decisión final sobre qué menores no informarán a sus padres que van abortar cuando aleguen que pueden sufrir violencia doméstica.

El PP considera contrario a la Constitución el régimen concreto de la objeción de conciencia plasmado en la ley, «al limitarse solo a parte del personal sanitario y exigir requisitos que limitan su ejercicio». Igualmente, denuncia que el supuesto que permite abortar hasta la semana 22 si «existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada» puede acabar convirtiéndose en un coladero aún mayor que el que ya existía con el mismo supuesto en la ley anterior.

Por último, alerta de que la norma incluye un apartado que suena alarmantemente a las teorías eugenésicas del nazismo. Es el que permite abortar por encima de la semana 22 si «hay riesgo de graves anomalías en el feto». Al parecer se van a incluir «cegueras o sorderas, falta de miembros o síndrome de Down lo que supone discriminar a los seres humanos con discapacidades».