Prisión provisional para el bróker acusado de estafar a cientos de personas con criptomoneda

Según informan en fuentes jurídicas, durante la comparecencia, que se ha producido por vía telemática desde un juzgado de Torrox, el juez ha informado a Biosca, que estaba en busca y captura, de los hechos que se le imputan en la Audiencia Nacional, donde ya hay representados cerca de 600 afectados por el negocio que montó a partir de inversiones y desinversiones en moneda digital.

En la misma comparecencia, durante la que no se le ha tomado declaración, se ha celebrado una vista de medidas cautelares al cabo de la cual el instructor ha acordado prisión provisional por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Ahora, será trasladado a una cárcel más cercana a la Audiencia Nacional, donde ya constan como investigados su hijo y su mujer. y será citado a declarar ya sí, con el abogado que designe. En esta primera puesta a disposición iba acompañado por uno de oficio que desconoce las actuaciones, de acuerdo a las fuentes consultadas.

La acusación popular que ejerce en nombre de la Asociación Afectados Criptomonedas la letrada Emilia Zaballos, que lleva asimismo a centenares de perjudicados como acusaciones particulares, había solicitado esta medida cautelar así como ha instado a la Audiencia Nacional a proceder al bloqueo inmediato de las cuentas y carteras de Biosca para permitir su aseguramiento de cara a la responsabilidad civil.

El broker, que ya estaba siendo investigado en un juzgado de Galicia, es objeto de una macrocausa en la Audiencia Nacional desencadenada con una querella de perjudicados el pasado mes de marzo que detalla cómo a partir de 2019 levantó un negocio de inversión en criptomonedas a partir de un algoritmo que, aseguraba, le permitía calcular exactamente el mejor momento para realizar movimientos y así obtener rentabilidades por encima del 34%.

Establecido en un pueblo de Toledo, comenzó captando a personas de su entorno, a quienes se daba una rentabilidad del 25% y el resto, eran beneficios. El sistema era informal, se comunicaba con sus inversores por whatsapp y nunca llegó a contar con la estructura propia de un negocio de este tipo, de acuerdo a los hechos que detallaba la querella. Al principio, además, cumplía y así lo estuvo haciendo hasta el verano de 2020.

Los clientes pequeños cada vez eran más y el negocio había despegado con fuerza. Sin embargo, comenzó a captar inversiones más grandes y a tener problemas de gestión. En octubre del año pasado comenzaron los incumplimientos y el sistema colapsó. La letrada estima que los posibles afectados en todo el mundo podrían llegar a ser 4.000 personas y así, el dinero que habría movido superaría con sus cálculos los 3.000 millones. En la Audiencia Nacional constan cerca de 600 víctimas y un importe en torno a los 280 millones.