Los primeros testigos ya apuntalan en el juicio que hubo subversión contra el Estado

La declaración del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la defensa de su 155 , las conversaciones para evitar el choque de trenes y la voladura del último puente –la convocatoria de elecciones autonómicas– por parte de un Puigdemont achantado por los sectores más radicales del independentismo, han marcado el inicio de la prueba testifical, que continuará durante las próximas semanas con el desfile de medio millar de personas, también protagonistas del «procés».

Desde el primer momento han quedado claras las posturas antágonicas que acusación y defensa mantienen en torno al delito de rebelión: donde unos ven concentraciones cívicas y pacíficas en defensa de derechos fundamentales, otros aprecian una subversión del orden constitucional en la que, a través de la vulneración de resoluciones judiciales y la creación de estructuras paralelas, se convocó un referéndum ilegal como paso previo y necesario para la declaración unilateral de independencia. Todo un plan orquestado contra el Estado.

Hasta el momento las defensas parecen asumir como mal menor que los acusados cometieron un delito de desobediencia al ignorar tanto al TC como al TSJ de Cataluña («la democracia está por encima del Estado de Derecho», dijo el martes Cuixart). Así, están concentrado todos sus esfuerzos en desmontar la rebelión a través de un relato que poco tiene que ver con el planteado por la Fiscalía, para la que no hay desobediencias aisladas, sino que todas ellas integraron el delito de rebelión: fueron orquestadas como parte previa e imprescindible del alzamiento público y masivo que asumió, incorporó e integró la violencia que en cada caso fuera necesaria. Los llamamientos desde las más altas instituciones del «govern» y el Parlament a la participación masiva y al «voto sin miedo» frente a la acción policial ordenada judicialmente supusieron, para la acusación, la asunción e integración de esa violencia.

Y esto es lo que ha avalado ya la declaración de algunos testigos, que aunque no serán decisivos a la hora de valorar la prueba –pues en muchos casos han sido testigos de referencia y no directos (en este sentido para la Fiscalía es clave la próxima semana, con los mandos policiales)– sí han servido para construir el relato fáctico de lo sucedido los meses previos a la DUI. Algunos dirigentes políticos han puesto en evidencia las declaraciones de procesados que, como Junqueras y Romeva, justificaron la huida hacia adelante del secesionismo en que «la silla de enfrente estaba vacía» y lo habían «intentado todo».

Como había hecho el exconsejero procesado Santi Vila la semana anterior, al expresidente Mariano Rajoy, el lendakari del gobierno vasco, Íñigo Urkullu, y en menor medida el expresidente de la Generalitar Artur Mas, hablaron de un escenario en el que, si bien no se puede hablar de mediación (no se trataba de dos partes situadas en un plano de igualdad), sí había al otro lado un Ejecutivo central abierto al diálogo y con una sola línea roja: el respeto a la Constitución española y la convicción de que la soberanía española no se puede negociar , porque «lo que es España lo deciden lo deciden todos los españoles» (en palabras de Rajoy en el juicio).

Estos testigos han permitido contextualizar los días que cambiaron la historia de España y la tensión vivida hasta el 25 de octubre , la noche anterior a la declaración de independencia, cuando muchos se fueron a la cama con la tranquilidad de que se iban a convocar elecciones autonómicas porque así lo había decidido el propio Puigdemont al verse abocado a un callejón sin salida. Sin embargo, la presión social, y su miedo a quedar como un cobarde y un traidor («155 monedas de plata», publicó Rufián en Twitter ) le llevó a dar marcha atrás y a poner en marcha un instrumento que, según manifestó Urkullu, el entonces presidente Rajoy habría preferido evitar.

Y es que para el exjefe del Ejecutivo su comparecencia en este juicio ha servido para reivindicar su 155 en un momento en el que «todos opinaban» pero sólo él tenía en su mano apretar el botón para activar un precepto nunca antes aplicado en España. La «prudencia», el mayor acuerdo posible entre los partidos y la certeza de que se había dado a los líderes rupturistas la oportunidad de rectificar movieron la actuación de Moncloa. «Ningún presidente del Gobierno de ningún país de una democracia avanzada como España puede aceptar que alguien pretenda liquidar la legalidad de su propio país, que es lo que ocurrió el 6 y 7 de septiembre, cuando se liquidó la legalidad y la Constitución» con las leyes de la ruptura aprobadas en el Parlament para la transición a la independencia. Todo un espaldarazo al relato de la Fiscalía que horas antes había apuntalado la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.