La primera jornada del juicio del «caso Marea» se convierte en un batacazo para el Principado

La investigación comenzó hace más de seis años y no fue hasta el pasado 29 de febrero cuando la Administración solicitó a la Audiencia Provincial que se le admitiera el único informe que ha realizado sobre los daños causados en la Consejería de Educación. El documento, de unos 2.000 folios, contiene declaraciones de 87 directores de colegios asegurando que el departamento abonó cuatro millones a Igrafo y APSA por bienes que nunca recibieron, y que en parte de los albaranes de entrega se les ha falsificado la firma . «No se acepta la presentación de la pericial del Principado por los motivos que se detallarán en un auto», despachó el presidente de la Sección Tercera.

El varapalo a la Administración regional fue solicitado por la fiscal, Carmen Rodríguez, respaldado por los abogados de los 13 acusados, y concedido así por la propia Audiencia. La decisión abre un escenario complejo. El Principado tiene en su poder un informe avalado por sus secretarios generales técnicos y por otros 87 funcionarios detallando «irregularidades» y distintas falsedades en documento público, supuestamente cometidas en 2009 y 2010, año éste último donde José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero dimitieron en agosto. Los supuestos delitos no serán depurados en este juicio, lo que exige tomar una decisión sobre su destino . Varias acusaciones adelantaron ayer su intención de reclamar que pase al juzgado de guardia, para abrir un segundo proceso.

De momento ayer la letanía contra la inacción del Principado la abrió la fiscal, recordando que para admitir un informe de semejante calibre en la antesala del juicio es necesario que la información no estuviera disponible antes, o que no afecte sustancialmente a lo ya intruido. «Ninguno de estos requisitos se cumplen», afirmó. «El Principado se personó en la causa en mayo de 2010, y tuvo conocimiento de que existían irregularidades en Educación, pese a lo cual no hizo nada por su parte, ni en ese momento, ni le pidió al juez de instructor que lo hiciera» , afeó. Rodríguez recordó que en junio de 2012 la Policía visitó seis centros escolares y al cotejar las facturas que Educación había pagado por amueblarlos y los enseres realmente entregados «observó graves irregularidades». Ese mismo mes el Principado recibió una copia del informe «y a pesar de ello tampoco hizo nada, ni facilitó al juzgado la documentación pertinente», cargó la fiscal.

Acoger ahora el documento expondría a José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez a unos presuntas irregularidades «de las que no se les ha tomado declaración durante la fase de instrucción», advirtió. Es un paso que les causaría «indefensión», abundó.

El intento del resto de acusaciones y la propia abogada del Principado por defender el informe fue inútil. «Se han pasado seis años sin aportar absolutamente nada», clamó Ana Muñiz, letrada de María Jesús Otero. A la salida del juzgado reveló que los abogados de los acusados sí se entrevistaron con los del Principado: «Son reuniones cuya existencia niega ahora el consejero y en ellas lo que intentaban las defensas era que se cuantificara cuánto dinero faltaba. No lo hicieron porque a lo mejor no faltaba nada, y lo que se pagaba en un sitio se ponía en otro; el Principado esperó ahora a decir las cantidades, y eso es un fraude de ley».

En la última documentación entregada por el Principado ha escarbado también el letrado Miguel Valdés-Hevia, defensor de Víctor Muñiz, para abrir una segunda fisura. Los papeles señalan que el Instituto Adolfo Posada gastó 8,8 millones en adquirir muebles entre 2006 y 2009. «Es un centro que no tiene ni mil metros cuadrados, lo que nos sale 8.812 euros por metro cuadrado ‘amueblable’» , calculó. Para aclarar el asunto, revisó las facturas, localizando pagos «por espejos en la Consejería de Cultura, el stand de la Feria de Muestras, la caldera del edificio de Presidencia y 100 papeleras», dijo.

«O estamos ante un fraude o ante un caos contable de magnitudes catedralicias» , consideró. El Principado reclama que su cliente pase 9 años en prisión «justo por lo mismo que aquí, porque busca las cosas en un sitio y nosotros decimos que están en otro». Para aclarar la cuestión solicitó que declare como testigo la ex jefa de formación del Instituto, Soledad Saavedra, quien a su vez es esposa del expresidente Vicente Álvarez Areces .