«Pretoria» pone en cuestión operaciones sospechosas que archivó la Fiscalía
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«Pretoria» pone en cuestión operaciones sospechosas que archivó la Fiscalía

À. G. | BARCELONA
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Todos los expedientes en revisión, incluso aquellos ya archivados tras considerarse legales. El entramado de nombres y sociedades que componen el núcleo del caso Pretoria ha arrojado nueva luz sobre denuncias de corrupción urbanística que en su momento fueron desestimadas por la Fiscalía de Cataluña, una nueva perspectiva que probablemente hará ampliar el volumen del escándalo. Así, la Fiscalía ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción tres informes sobre casos sospechosos en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), dos de los cuales están vinculados a empresas de los detenidos, según explicaron fuentes judiciales a Efe.

Esta nueva documentación se añade a la que el magistrado ya pidió la pasada semana en relación a un convenio firmado con la empresa Niesma, de Luis García Sáez, «Luigi», por la cual ésta habría ganado dos millones de euros. Se da la circunstancia de que esta operación, «pelotazo» sería una definición más ajustada, ya fue denunciada en su momento por el grupo municipal SOS Llavaneres, si bien la Fiscalía acabó archivando el caso al no apreciar indicios delictivos. Otro caso, este en relación a la venta de una finca de interés público con el que una empresa de Badalona habría multiplicado por ocho su valor, fue igualmente denunciado por SOS Llavaneres, archivado por la Fiscalía y ahora reenviado a Anticorrupción.

Otras dos denuncias, estas bajo investigación de un juzgado de Mataró, también han sido remitidas a Madrid. En estas dos operaciones el juez investiga la venta y posterior recalificación en Llavaneres de unos terrenos deportivos que adquirió Proinosa - del imputado por Pretoria Josep Singla-, por un precio muy por debajo del precio de mercado, según SOS Llavaneres.

Por otra parte, el Instituto Catalàn del Suelo (Incasòl), cuyo gerente, Emili Mas, citaba Garzón como participante en unas conversaciones que habrían derivado en la emisión de facturas falsas para desviar fondos de la UE, insistió ayer en la legalidad de su actuación. El Incasòl, tras una primera revisión de sus convenios, los define, «de entrada», como «perfectamente regulares y acordes con el procedimiento administrativo».

Teléfono para Prenafeta

Mientras la investigación judicial sigue su curso, la política hace lo propio. Ayer, como se anunció, las ejecutivas del PSC y de CiU «suspendieron temporalmente» a sus respectivos implicados, a la vez que, con gran trompeteo, anunciaban nuevas medidas y códigos más severos contra la corrupción. De manera simultánea, con un comunicado leído por su abogado, Bartomeu Muñoz, anunciaba su renuncia a sus cargos en el Ayuntamiento, la Diputación y «mis dos partidos», PSC y PSOE.

La reacción de las formaciones se antojó más pirotécnica que efectiva. El PSC, por ejemplo, no tomó ninguna medida con respecto a Emili Mas (Incasòl) o Antonio Jiménez (citado por Garzón por su relación con «Luigi» e imputado por la operación de Llavaneres). Artur Mas, por su parte, consideró «normal» facilitar a Lluís Prenafeta el teléfono de una concejal de Cerdanyola del Vall_s que se oponía a un proyecto urbanístico por el que el ex dirigente ahora encarcelado tenía interés. La edil reconoció ayer haber recibido una llamada, pero no de Prenafeta sino de Lluís Casamitjana, del grupo Espais, detenido por Garzón.

Éste, junto a Josep Singla, depositó ayer «a toca teja» la fianza de 500.000 euros fijada por Garzón; hicieron lo propio el empresario Manuel Carrillo (100.000 euros) y el técnico municipal Pascual Vela (25.000).