Los presos etarras con más penas por cumplir marcan el doble discurso de Otegi

Entre otras cosas porque la mayoría de ellos va a salir de la cárcel durante la próxima década, lo que concentra el problema de los presos de ETA –una cuestión fundamental para Bildu y su entorno social y electoral– en aquellos que más tardarán en salir por una doble circunstancia: porque fueron condenados más tarde y porque, además, lo fueron después de 2003, cuando el primer Gobierno de José María Aznar (PP) reformó el Código Penal para elevar de 30 a 40 años las penas máximas de cárcel por los delitos más graves , como los que cometen los etarras más sanguinarios.

Como explican fuentes conocedoras del entorno proetarra, esos son los presos que más preocupan a Bildu y Otegi y los que más condicionan su estrategia política. Y lo hacen con el objetivo de aprovechar sus cinco diputados en el Congreso y su creciente pujanza en el Parlamento vasco para conseguir contrapartidas: no tanto para que todos los presos salgan a la calle –como insistía Otegi ese mismo día en una charla ante sus bases–, como para conseguir acercamientos y otros beneficios penitenciarios que alivien su horizonte de tres décadas entre rejas.

Dicho de otro modo: si a Otegi le ocupan todos los presos etarras, los que más le preocupan son los que tienen más condena efectiva por cumplir , en no pocos casos más allá de 2050.

La cuestión para la izquierda abertzale y su entorno, donde las familias de los presos más condenados tienen una importante capacidad de influencia, no es tanto cuántos sino cuándo cometieron los crímenes por los que fueron condenados a la pena máxima . Si fue antes de 2003, la condena total no podía superar los 30 años de cárcel, buena parte de los cuales ya los han cumplido por el tiempo que ha transcurrido desde entonces. Como todos ellos tienen la posibilidad de solicitar la libertad condicional cumplidas tres cuartas partes de la condena, a los 22,5 años pueden estar ya en la calle. Sin embargo, los condenados con la legislación actual deben esperar hasta los 30 años para optar a la condicional.

De los 184 presos que hay en cárceles españolas, más de un tercio (68) ya están en el País Vasco y otros cinco lo estarán en breve porque ya tienen aprobado el traslado a la espera de que se materialice, según datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Álava es la provincia que concentra a la mitad de los presos etarras que ya están en el País Vasco.

Otro tercio , unos 65 aproximadamente, se encuentran en comunidades y provincias colindantes , como Cantabria, Navarra, La Rioja y Burgos. Y el último tercio se reparte por cárceles del resto de España, todas ellas de la mitad norte del país: los más alejados están en Madrid, Ávila o Salamanca, aunque apenas son una decena.

Según los cálculos que maneja la AVT, en la próxima década saldrán a la calle más de 100 de los 184 etarras que están hoy en prisión , lo que supone el 56% de los mismos. Y lo harán a un ritmo sostenido: medio centenar durante el próximo lustro (hasta 2026) y el resto en el siguiente, para 2031 en el peor de los casos.

Así, dentro de una década habrá menos de 80 etarras en las cárceles españolas, lo que explica que sean los que más preocupan a Otegi y Bildu, porque son los que menos esperanzas y posibilidades tienen de salir a la calle en un plazo relativamente corto y, por tanto, los que más presionan a su entorno político para que consiga alguna mejora respecto a su situación.

Este es el panorama actual tras la política de acercamientos aprobados por el Gobierno desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa y Marlaska al Ministerio de Interior. Según datos de la propia AVT, durante los tres últimos años el Ejecutivo ha concedido hasta 272 traslados de presos etarras, la tercera parte a cárceles del País Vasco o Navarra. Más del 40% de esos traslados corresponden a terroristas condenados por delitos de sangre cometidos en 216 atentados, que se saldaron con cerca de 300 víctimas.

A todo ello se une otro acontecimiento clave de este mismo mes: el pasado día 1, el Gobierno central de Sánchez cedió al autonómico de Urkullu (PNV) las competencias y gestión de las cárceles que hay en cada una de las provincias vascas, en concreto las de Basauri (Vizcaya), Zaballa (Álava) y Martutene, en San Sebastián (Guipúzcoa), lo que concede al Ejecutivo vasco gran capacidad de decisión sobre el presente y futuro penitenciario de los 68 presos etarras que ya cumplen condena en esta comunidad.

Todo eso forma parte de la estrategia y las tácticas de Otegi cuando el mismo día dice una cosa por la mañana en Aite ante todo el país y, con apenas siete horas y 50 kilómetros de diferencia , por la tarde se despacha con otra muy distinta en Éibar ante sus bases abertzales.