Trillo conversaba discretamente con Dezcallar el día de la jura del nuevo director de los Servicios de Inteligencia españoles. Chema Barroso

El presidente del Gobierno se reserva la decisión sobre qué Ministerio controlará los servicios secretos

El anteproyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que fija en principio su adscripción al Ministerio de Defensa, contempla también la autorización al presidente del Gobierno para modificar esa dependencia orgánica de los Servicios de Inteligencia. Asimismo, señala que el magistrado del Supremo encargado del control judicial del CNI podrá permitir registros por una duración máxima de 24 horas y escuchas por un periodo tope de tres meses, si bien los plazos podrán prorrogarse.

MADRID. M. Portilla / L. Ayllón
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El nuevo Centro Nacional de Inteligencia continuará adscrito al Ministerio de Defensa, tal y como se recoge en el artículo séptimo del anteproyecto de ley que regulará todo lo relacionado con los Servicios de Inteligencia españoles. Ahora bien, y dados los recientes atentados terroristas ocurridos en Estados Unidos, esa adscripción adquiere un nuevo sentido por los retos que deberán afrontar los agentes secretos ante los denominados «riesgos emergentes». No obstante, el anteproyecto de ley también recoge en su disposición adicional tercera, la autorización al presidente del Gobierno para modificar la adscripción orgánica del CNI.

El Gobierno será el que determinará y aprobará anualmente los objetivos del CNI mediante la Directiva de Inteligencia -que tendrá carácter secreto-, que definirá el ámbito de actuación de los Servicios de Inteligencia.

FUNCIONES DE LOS AGENTES

El juez deberá resolver en un plazo improrrogable de 72 horas, la concesión de las autorizaciones, aunque el periodo podrá reducirse a 24 horas por motivos de urgencia justificados. En caso de autorizarse, las actuaciones tendrán la clasificación de secreto.

El CNI se estructurará en una Dirección y una Secretaría General, cuyos titulares tendrán respectivamente rango de secretario de Estado y subsecretario. Su organización, régimen económico-presupuestario y de personal se desarrollará en régimen de autonomía funcional bajo la figura de organismo público con personalidad jurídica propia y plena de capacidad de obrar.

Y para dar cumplimiento al principio de coordinación, la ley crea la Comisión Delegada del Gobierno para la Inteligencia del Estado, presidida por el vicepresidente primero del Gobierno e integrada por los ministros de Asuntos Exteriores, de Defensa, de Interior, el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado director del CNI. No obstante, podrán ser convocados a las reuniones de la Comisión Delegada los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente.

CONTROL PARLAMENTARIO

Asimismo, por primera vez la ley recoge el principio del control parlamentario de las actividades del Centro. El proyecto prevé que sea la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados la que efectúe el control de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, conociendo los objetivos que hayan sido aprobados por el Gobierno y un informe anual sobre su grado de cumplimiento y de sus actividades. De acuerdo con la normativa parlamentaria, los miembros de esta Comisión son también los que conocen de los secretos oficiales.