El presidente de Ausbanc vuelve a negarse a tuitear una sentencia por no recordar su contraseña

«Manifiesto que no conozco la contraseña y que no puedo hacerlo, aun cuando sí quiero, y que mi abogado está resolviendo este cumplimiento de la sentencia», decía Pineda en un escrito realizado desde la cárcel el 25 de septiembre de 2016 y remitido al juzgado de primera instancia número 11 de Sevilla y al que ha tenido acceso Efe.

Diez días antes, el 15 de septiembre, este juzgado decretó la ejecución de la segunda condena contra el presidente de Ausbanc y le impuso una indemnización de 146.000 euros y la obligación de tuitear el fallo de la sentencia durante 10 días.

Para hacer frente a dicho pago, el juez declaró embargados un fondo de valores con 111.600 euros en acciones y dos pisos de Pineda en Madrid.

Al respecto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remitió al juzgado el pasado 22 de septiembre un escrito manifestando su «falta de competencia» para proceder al embargo de los fondos de valores de Pineda en tanto que son «valores e instrumentos financieros» que cotizan en «mercados secundarios oficiales».

Por tanto, el juzgado debe remitirse al «órgano rector» correspondiente para que éste notifique la orden de embargo a las cinco entidades financieras donde Pineda tiene acciones.

No es la primera vez que Pineda alega falta de memoria para no cumplir una condena. El 19 de mayo ya se negó a tuitear la primera sentencia por difamación al portavoz de Facua por esta misma razón, si bien finalmente tuvo que hacerlo días después desde una sala habilitada por la madrileña cárcel de Estremera, donde se encuentra preso desde abril de 2016.

Aparte de estas condenas por difamación, Pineda está siendo investigado junto al secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad -también en prisión-, por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por extorsionar a bancos a cambio de retirar acusaciones judiciales o hacer publicidad positiva sobre ellas.

Se les imputan los delitos de estafa, extorsión, amenazas, fraude en las subvenciones, administración desleal y organización criminal.