Presentan una querella ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno en nombre de 3.000 familiares de fallecidos por coronavirus

La querella ha sido presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra todos los miembros del Consejo de Ministros por «un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave» al haber permitido por acción o por omisión la extensión de la pandemia y la muerte de estas personas por el virus Sars-Cov-2.

Los firmantes de esta querella, que representan a 3.268 personas , han advertido que se podría ampliar para incluir los delitos de prevaricación y omisión del deber de socorro, entre otros, así como incluir al director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.

En concreto, la querella representa a 3.268 las personas, cuyas familias han perdido a 3.274 familiares como consecuencia de la epidemia del Sars-Cov-2, aunque hasta el momento únicamente se han personado 116 familias «dado que las restantes no han podido obtener» el Certificado Médico de Defunción necesario para poder acreditar la muerte de los familiares, y las causas del óbito.

Entre otras cuestiones, en el texto de la misma se denuncia «la irresponsable y negligente inacción y actuación tardía y nefasta » por parte de los 23 miembros del Gobierno en la gestión y evolución de la pandemia por el nuevo coronavirus.

«Una crisis sanitaria», dice el texto, «que, amén de tardía, ha estado continuamente trufada de decisiones y ordenes verbales , contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios, lo que a su vez ha contribuido de manera poderosa al desproporcionado incremento del número de víctimas que, posiblemente, se contagiaron en los propios centros sanitarios, en los que se produjeron dantescas escenas de hacinamiento de enfermos, creándose así un escenario perfecto para la propagación del virus».

« Lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID-19 es muy grave », ha explicado la Fundación Zaballos que preside Emilia Zaballos y que se ha unido a la iniciativa promovida e iniciada por la plataforma El Día Después.

«Las responsabilidades, desde nuestro punto de vista, están muy claras. Ahora le toca decidir a la justicia », ha señalado esta fundación que se ha unido a los once abogados de toda España que han presentado la querella.