Dos preguntas y un giro radical

Las dos preguntas corresponden al jefe de la oposición, Mariano Rajoy, y en ambas el destinatario es el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. La referida a ANV es de 16 de mayo de 2007, y ha sido la última, hasta ahora, que ha hecho el presidente del PP a Zapatero sobre lucha antiterrorista. Ahora este asunto ha desaparecido del control del PP en el Parlamento. Rajoy y el Grupo Popular han centrado su oposición en la economía, y el próximo miércoles apenas se hablará de lucha antiterrorista en el Congreso. Sólo UPyD ha registrado una interpelación sobre ANV.

El último crimen de ETA está todavía muy reciente: el pasado 3 de diciembre, dos pistoleros asesinaron al empresario Ignacio Uría. Un vistazo al orden del día del Pleno del Congreso de esta semana permite comprobar que las cosas han cambiado radicalmente respecto a la pasada legislatura. De las diez preguntas orales que corresponden al Grupo Popular, seis se refieren a la situación económica, entre ellas las que deberán responder Zapatero y De la Vega. Los populares defenderán, además, una Proposición no de ley, para reprobar al ministro de Exteriores (por la «cúpula de Barceló» o «capilla sixtina del siglo XXI» en palabras de Moratinos), una moción sobre política de inmigración, y una interpelación al ministro de Trabajo por los datos del paro. Ésa es la tónica de todas las semanas.

El PP sí ha presentado una iniciativa para pedir al Gobierno que proceda a disolver los ayuntamientos gobernados por ANV cuanto antes. La Proposición se calificará mañana en la Mesa y se llevará al Pleno, previsiblemente, el martes 16 de diciembre. Una iniciativa que, se apruebe o no, no producirá ningún rasguño a la unidad de los dos grandes partidos en la lucha contra el terrorismo, según fuentes parlamentarias consultadas por ABC. Comentan que la Proposición no es ninguna prueba ni pondrá en juego nada, porque la unidad está garantizada mientras se mantenga el cambio que ha dado el Gobierno en su estrategia contra ETA.

El partido de Rajoy ya ha anunciado que apoyará las reformas legales propuestas por el Gobierno para desalojar a ANV de los ayuntamientos. Esto no es óbice para que defienda su propia iniciativa, que persigue el mismo fin, pero por una vía más rápida: disolución inmediata de los ayuntamientos y después elecciones en marzo, frente a la propuesta más «lenta» del Gobierno, que no comenzaría a ser efectiva hasta la primavera.

Un Pacto en el limbo

Ya nadie habla del famoso Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado el 12 de diciembre de 2000 en el salón de Tapices del Palacio de la Moncloa por el entonces secretario general del PP, Javier Arenas, y el del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente José María Aznar rubricó como testigo. La legislatura pasada se convirtió en papel mojado por las discrepancias entre los dos grandes partidos respecto a la negociación emprendida por el Gobierno con los terroristas.

Tras las últimas elecciones generales, aquel Pacto ha quedado definitivamente en el limbo. Ahora hay que buscar una nueva fecha: 23 de julio de 2008. Ese día, Zapatero convocó a Rajoy a una entrevista en La Moncloa. En la agenda, la estrategia antiterrorista. La posibilidad de acuerdo era cierta, después de que el Gobierno socialista se comprometiera a no volver a negociar con los terroristas. De la reunión monclovita no salió ningún acuerdo escrito, pero sí un pacto tácito, que incluía una reforma en la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, para obligar a retirar placas e insignias que enaltezcan a los terroristas. Fijaron, además, los principios que debían regir la lucha contra ETA: unidad de los demócratas, cooperación internacional, confianza en el Estado de Derecho, respaldo a las Fuerzas de Seguridad del Estado, y reafirmar que el único destino de ETA es desaparecer.

El acuerdo no escrito está plenamente vigente, y no se romperá pese a las posibles discrepancias sobre las medidas que hay que tomar en los feudos de ANV: «Hay un acuerdo tácito, lo que esperamos es que el Gobierno reflexione, pero la unidad sigue intacta porque permanece la esencia del pacto, que es la voluntad de derrotar a ETA», comentan fuentes del Grupo Popular, que añaden: «Mientras el Gobierno esté en la línea de la derrota de ETA contará con nuestro apoyo. Nos movemos en un marco de lealtad desde que el Gobierno dio un giro de 180 grados a su política antiterrorista». Un giro que ha permitido al PP centrar su oposición de manera casi monográfica en la crisis económica.