PP y Vox estrechan el cerco a Marlaska por el crimen de Lardero y llevan el caso al Congreso

Las interpelaciones en el Congreso tienen importancia política porque permiten al grupo que las impulsa mantener un amplio cara a cara con el Gobierno (dos turnos y unos 15 minutos de intervención en total para cada parte), y plantear luego una moción para su votación la semana siguiente por el conjunto de la Cámara con el objetivo de retratar la posición del Ejecutivo.

Además, ambos grupos llevarán a cabo una doble ofensiva el miércoles porque antes de la interpelación llevarán la cuestión a la sesión de control al Gobierno. Allí el diputado popular Javier Merino exigirá responsabilidades al ministro mientras que por parte de Vox el vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso, Ignacio Gil Lázaro , le acusará de ser «responsable político» de los errores de Instituciones Penitenciarias en este caso.

Tanto el PP como Vox exigen a Grande-Marlaska y al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que asuman responsabilidades por el caso y presenten su dimisión porque entienden que el asesinato de Álex se habría evitado si no hubiera estado aplicando una política penitenciaria laxa en la concesión de los terceros grados.

El grupo que preside Santiago Abascal denuncia también que los directores de las cárceles reciben una gratificación de 2.000 euros al año, de los que uno de los baremos es elevar la concesión de terceros grados a determinado tipo de reclusos, y exige el fin de este plus junto a un endurecimiento de la prisión permanente revisable. Los populares también reclaman la revisión y endurecimiento de esta pena y han adelantado que «trabajarán» para conseguirlo.

Tal y como ABC informa hoy, los sindicatos mayoritarios denuncian que nunca se le debió conceder ni el tercer grado ni la libertad condicional al asesino y que Instituciones Penitenciarias «maquilla la estadística». «Los profesionales de la cárcel de El Dueso, que lo conocían desde hace 20 años, sabían que no estaba preparado para vivir en libertad y veían riesgo de incidencia«, han señalado los máximos responsables de Csif Prisiones y Acaip-UGT, Jorge Vilas y José Ramón López,