El PP recurre la Ley de Educación Catalana ante el Tribunal Constitucional

En respuesta, tanto el diputado popular en el Parlament Rafael López como la portavoz Dolors Montserrat aseguraron que el partido se planteó el recurso ya desde el inicio de la tramitación, pero que se confiaba en que la sentencia del TC sobre el Estatut -sobre el cual se fundamenta la LEC- despejase dudas. Con el pronunciamiento atascado en el Alto Tribunal, el PPC ha dado un paso adelante. Con especial énfasis, el PP denuncia la inconstitucionalidad de los artículos referentes a la lengua. En concreto, la nueva LEC fulmina la capacidad de los padres de escoger la lengua en la que sus hijos cursan los cinco primeros años de escolarización, como establece el capítulo 21.2 de la ley de Política Lingüística.

Con la LEC, esta posibilidad se reduce a un único año, y con el importante matiz de que la enseñanza en lengua distinta a la vehicular, que es el catalán, se ofrecerá de manera individualizada. Se impide de facto la posibilidad, por ejemplo, de crear líneas diferenciadas de enseñanza según la lengua escogida. Para el diputado López, la ley de Educación blinda la inmersión «inconstitucionalmente» y recorta aún más los limitados derechos que ofrece la legislación actual. De igual manera, considera que la atención individualizada es una forma clara de «segregación». La tercera hora de castellano y la casilla para escoger esta lengua en la preinscripción escolar también son argumentos por los que el Partido Popular recurre el texto en defensa de las familias y de los alumnos, aseguró López.

Otro de los aspectos de la ley que el Partido Popular quiere modificar es la creación de un Cuerpo Docente propio, con sus categorías diferenciadas. Concretamente, la Generalitat pretende establecer cinco cuerpos diferenciadas de profesorado frente a los nueve que funcionan en el resto de España, una falta de homogeneidad que dificultará la movilidad de los docentes entre Cataluña y el resto de regiones.

Catalán: sin problemas

En la misma línea, el PP impugna los artículos 110, 111 y 112 relativos a las competencias, y que facultan al Govern a dibujar un currículum propio. Del mismo modo, se cuestiona que la LEC prevalezca sobre cualquier regulación que parta del Gobierno y que no tenga rango de ley. Es el caso, por ejemplo, del decreto que regula la tercera hora, y que la Generalitat ignora de manera premeditada. De manera genérica se recurren también algunos aspectos del preámbulo que aluden a los mismos artículos del Estatut que ya están cuestionados.

Para la formación popular, el hecho de acudir al TC pretende dar a las familias catalanas los mismos derechos que las del resto de España, y que la LEC sea una ley «de calidad y libertad». Desde el PP se insistió en que no tienen problema con que el catalán sea la lengua vehicular, pero que lamentan «que el Gobierno de Zapatero se inhiba una vez más de sus responsabilidades y sea incapaz de ejercer sus competencias».