El PP pone voz al malestar del Gobierno con Alemania por cuestionar la euroorden

Ha sido una especie de semana «horribilis» para el Gobierno y el PP , tanto por el bofetón de la justicia alemana a la española por el caso de Puigdemont, como por otro caso, el del máster de Cifuentes, que incluso logró dejar en un segundo plano la cuestión catalana en la Convención nacional del PP en su primera jornada. Ayer, en el segundo día de reunión, el foco cambió de golpe. La ministra alemana de Justicia había celebrado la decisión de un tribunal de su país sobre Puigdemont. Más aún, instó a España a explicar por qué lo acusa de malversación, con una advertencia a nuestro país: »Si España no lo justifica, se levantará la orden de detención, y entonces Puigdemont será un hombre libre en un país libre, es decir Alemania».

Fue la gota que colmó el vaso para los populares, que hasta ese momento estaban en su Convención ensimismados en la «burbuja» de sus problemas internos. Fuentes de La Moncloa reconocieron, de forma extraoficial, el malestar del Gobierno con las declaraciones de la ministra alemana. «Ha caído mal, es un asunto feo y otro jarro de agua fría».

En el entorno de Rajoy subrayaron rápidamente que la ministra es «socialdemócrata» en un Gobierno multicolor que encabeza la conservadora Merkel. «La ministra ha demostrado que es una inexperta, y si al final se cambia la resolución judicial tendrá que tragarse no solo sus palabras, sino también su cargo».

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, hizo la primera declaración pública del Gobierno de Rajoy y calificó de «bastante desafortunadas» las palabras de la ministra alemana. «La euroorden se estableció en la Unión Europea para abordar estas cuestiones entre jueces, y separando las opiniones políticas», advirtió.

Y ese era el quid de la cuestión, porque hasta ahora el Gobierno había sido siempre exquisito a la hora de respetar y acatar las resoluciones judiciales, «las que gustan y las que no» . Era su manera de defender la separación de poderes. Pero ahora entraba en juego un Gobierno amigo, con el riesgo, advertido por los populares, de que se inicie una corriente en Europa de apoyo a los independentistas.

El presidente del Gobierno intentó zanjar la cuestión y aseguró que ni había hablado con Merkel ni tenía pensado hacerlo, porque se trataba de una cuestión entre tribunales. Rajoy insistió en que el Gobierno ha cumplido con su responsabilidad, al aplicar el artículo 155 para restituir la legalidad en Cataluña. Esa es su labor, subrayó. «A partir de ahí, lo demás son decisiones judiciales, que yo siempre he dicho y voy a reiterar ahora, que se cumplen y se acatan, porque eso es el Estado de Derecho y el imperio de la ley».

Rajoy recordó que Puigdemont sigue siendo un prófugo de la justicia española, pero es un tema «en el que el Gobierno no debe entrar, el Gobierno debe preocuparse de cumplir con su responsabilidad, y lo ha hecho, al aplicar el artículo 155 de la Constitución».

Más tarde, en un coloquio sobre política europea, Rajoy defendió que los problemas hay que resolverlos con «inteligencia y habilidad» . En ese mismo coloquio, el eurodiputado González Pons puso voz a lo que rebullía por dentro de los populares.

«Si la Unión Europea sirve para que unos estados cuestiones a otros, pierde su función», advirtió un europeísta convencido, como es el jefe del PP europeo. En esa línea, advirtió de que «si hay un Estado de la UE en el que intentar dar un golpe de Estado no es un delito, el problema no es de España. El problema es de ese Estado que ha dejado que intentar romperlo pueda algún día no ser un delito».

«¿Si alguien reclamara la devolución de un golpista a España, creéis que los jueces del Tribunal Supremo español se iban a negar? Estoy seguro de que no», aseguró González Pons. El PP confía en que la Justicia «siga su camino y resuelva el problema» que se le ha planteado. González Pons está convencido de que la Justicia dará la razón al Estado de Derecho de España: «Porque nuestra razón hoy, es nuestra razón de la existencia de Europa».

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que tampoco vio necesario hablar con su homóloga alemana, optó por la línea respetuosa y diplomática, marcada por Rajoy. Su respuesta fue indirecta, al subrayar que es imprescindible dejar trabajar a los jueces para garantizar su independencia. «No vamos a crear ningún conflicto en la relación de los Gobiernos», avisaron en La Moncloa. Eso sí, tienen claro que ha llegado la hora de hacer una «aclaración» en la Unión Europea sobre los criterios de aplicación de la euroorden, porque su funcionamiento deja que desear.

«Si no funciona la extradición, no funciona el espacio Schengen» , advierten los populares, mientras el Ejecutivo de Rajoy se muerde la lengua