El PP pide al TC que limite la comisión de investigación sobre su financiación a la actual legislatura

En el escrito, el PP pide así al TC que ordene a la comisión de investigación que concrete el objeto de su labor de manera temporal para que se circunscriba a la actual legislatura o como mucho se remonte a 2013. Pero que también la acote materialmente para revisar solo las actuaciones presuntamente ilegales e institucionalmente para no excederse de lo que afecte a la Administración General del Estado. El PP solicita todo ello previo informe del Letrado de la Cámara.

El recurso de amparo alega que la comisión no tiene un ámbito temporal ni territorial concreto y que esta falta de concreción vulnera su derecho fundamental a ejercer la función de representatividad que no debe tener, recuerdan, restricciones artificiales. Y ello porque la generalidad de la investigación, sostienen, no les permite elaborar un plan de trabajo y ejercer su labor parlamentaria dentro de la comisión.

El texto, elaborado por un despacho de abogados especializado en Derecho Constitucional, iba a ser presentado el próximo lunes pero la decisión del Consejo de Ministros de recurrir ante el TC el órdago catalán les ha obligado a adelantarse para no coincidir en el día. Los populares tenían de plazo hasta el próximo mes de septiembre para dar este paso, pero quieren que la resolución se produzca lo antes posible para no dilatar una investigación que consideran ilegal por no ser suficientemente concreta. De hecho, el partido mayoritario, encargó la redacción del recurso antes incluso de ser rechazada su última petición de amparo ante la Mesa del Congreso, para ganar en celeridad. No en vano, los plazos de tiempo que suele dedicar el TC a resolver las cuestiones parlamentarias es bastante amplio y parece improbable que pueda fallar antes de que la comisión concluya sus trabajos.

Pese a la potencia del disparo, lo cierto es que las posibilidades del PP son limitadas. «Los abogados nos han dicho que no es fácil que el TC nos dé la razón, pero que tampoco es imposible», subrayan desde la dirección parlamentaria. Pero su movimiento sí logra un objetivo político, aunque cortoplacista: arrojar la sombra de la duda sobre una comisión donde el partido mayoritario denuncia que las conclusiones ya han sido elaboradas antes de empezar.

La oposición, en cambio, está convencida de que esta maniobra de los populares no tendrá ningún éxito. Fuentes de las direcciones de PSOE, Podemos y Ciudadanos se muestran completamente tranquilas coincidiendo en que no existe base jurídica para la denuncia que formula el PP.

Entre tanto, dentro del PP empiezan a surgir algunas voces que apuntan a que, además de la vía judicial, hace falta una estrategia política para repeler el contraataque en el seno de la comisión de investigación pero también en el Pleno del Congreso, donde la oposición aprovecha cualquier oportunidad para atacar al Gobierno con los casos de corrupción que rodean al partido. Y que la estrategia debería revisarse de cara al próximo periodo de sesiones.