El PP pide que se inicie el proceso para disolver el Ayuntamiento de Estepona

ABC/ J. M. C.SEVILLA/ MÁLAGA. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, pidió ayer al Gobierno regional que tome la iniciativa para que el Ejecutivo central comience los trámites para disolver el

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ABC/ J. M. C.

SEVILLA/ MÁLAGA. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, pidió ayer al Gobierno regional que tome la iniciativa para que el Ejecutivo central comience los trámites para disolver el Ayuntamiento de Estepona, que tiene a su ex alcalde en prisión y a muchos de sus concejales imputados por una trama de corrupción con implicaciones en la financiación de los partidos políticos de la coalición de gobierno, que encabeza el PSOE.

Arenas señaló que la petición del PP a la Junta se la realiza verbalmente, pero que su grupo registrará una proposición no de ley en la Cámara autonómica reclamando dicha iniciativa. Además, va a plantear que el PP en el Congreso presente también una iniciativa similar para que el Gobierno de la Nación solicite la disolución del Consistorio.

«Por más vueltas que le demos no nos sale que pueda haber un gobierno municipal que garantice el futuro de Estepona», apuntó Arenas, quien ha reiterado la necesidad de que se le vuelva a dar la palabra a los ciudadanos, porque Estepona necesita «la misma regeneración» de Marbella.

La respuesta de la Junta

La Junta respondió a través del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, quien aseguró que el PP se equivoca al intentar responsabilizar a la Junta del caso de corrupción porque interpreta mal el reparto de competencias en materia urbanística. Espadas, quien recordó que la Junta está cooperando con la Justicia y se ha personado en el caso, explicó que el Ejecutivo lleva tramitadas 86 denuncias, un expediente de disciplina urbanística, cuatro imputaciones y un requerimiento de revisión de oficio.

Ayer continuó la toma de declaraciones al empresario Ángel González y al secretario del Ayuntamiento, Gustavo Rubio. González, con negocios en diferentes sectores como el inmobiliario, el de la comunicación y el del ocio, mantiene una estrecha relación con el ex consejero delegado de «Valle Romano», Luis Fernando Linares, en libertad bajo fianza de 500.000 euros. Por su parte, la concejal de Educación, Mariví López, pagó la fianza de 30.000 euros. Así, 17 de los 18 detenidos a los que la juez impuso fianzas han abonado sus respectivos importes.