Mariano Rajoy, con los dirigentes autonómicos y máximos responsables del Partido Popular en San Millán de la Cogolla, en La Rioja.EFE

El PP moviliza a sus presidentes autonómicos por la «indivisibilidad de España»

Rajoy reunió a sus líderes territoriales para hacer una defensa cerrada de la Constitución y un alegato en favor del consenso de los dos grandes partidos nacionales

CRISTINA DE LA HOZ/
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SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LOGROÑO). El Partido Popular escenificó ayer, en pleno corazón del nacimiento del castellano, -el monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla-, su unidad de criterio en torno a las propuestas de reforma constitucional y estatutarias. Con la vista puesta en la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará en noviembre, Rajoy reunió ayer a sus líderes territoriales y jefes de Ejecutivos autonómicos populares para hacer una defensa cerrada de la Constitución y un alegato a favor del consenso, que pasa inevitablemente, afirmó, por el apoyo del primer partido de la oposición a cuanta reforma se quiera plantear.

Acuerdo doble

«Doble consenso» fue el término escogido por Rajoy para referirse a una exigencia de acuerdo tanto en los Parlamentos autonómicos como en el nacional. Los populares entienden que, incluso en aquellas Cámaras regionales donde el PP es minoría -léase, por ejemplo, Cataluña-, los socialistas no deben plantear propuestas de reforma de los Estatutos si éstas no cuentan con el apoyo de los populares.

Rajoy explicó al término de la reunión que un tema de tal calado no debe solventarse con una mera cuestión aritmética de mayorías parlamentarias, sino con el compromiso político de no dejar fuera a la que es la segunda fuerza política del país. «Se pueden aprobar (las reformas) por mayoría, pero sería bueno que fuera por consenso», defendió el líder del PP.

No fue la única exigencia que dirigió al Gobierno. También reclamó del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, «transparencia y claridad de ideas y de objetivos, claridad en qué reformar, en cómo hacerlo, en cuándo, para qué y a cambio de qué». Éste fue precisamente el punto que más controversia provocó en el seno de la reunión. Emplazar al Gobierno a que aclare un calendario para las reformas «podía inducir a la confusión de que el PP anima a los socialistas a cambiar la Constitución y los Estatutos», señalaron fuentes del PP. Es por ello que los populares dejan muy claro en su ya denominada «Declaración de San Millán», que el PP «no instó al presidente del Gobierno a proponer la reforma de la Constitución y del modelo de Estado».

Rajoy no ahorró en críticas al acusar al Ejecutivo de falta de iniciativas en temas que afectan al bienestar de los ciudadanos, en rectificarse y contradecirse con bastante asiduidad y en abrir, «sin orden ni concierto» debates que, dijo, afectan a la estabilidad del país, todo ello dentro de una «falta de criterio» por parte de los socialistas.

«No es lícito que el PSOE encubra su proyecto de reforma de nuestro modelo de Estado ni legítimo que mantenga permanentemente abierto un debate territorial cuya única justificación es mantenerse en el Gobierno, incluso si el precio a pagar es poner en peligro nuestra estabilidad institucional», denuncia la declaración.

Conferencia de presidentes

En la reunión de ayer también se acordó la presencia de los jefes de Ejecutivos regionales en la conferencia de presidentes autonómicos de noviembre, sin dejar de mostrar su sorpresa, según admitieron muchos de ellos, por que se les llame a un encuentro que carece de orden del día y en el que se les pide a los propios convocados que sean ellos los que establezcan la agenda.

El guión a defender será el mismo para todos: reforzar el principio de la unidad de España y su indivisibilidad; mantener el Estado autonómico que consagra la Constitución; respetar los hechos diferenciales constitucionalmente garantizados como límite de las diferencias que pueda haber entre los distintos territorios -incluye el respeto y mantenimiento de los símbolos y elementos culturales que son patrimonio común, en especial, las lenguas estatutariamente reconocidas-; que las reformas mejoren la vida de los ciudadanos y, por último, que exista un doble consenso y se reconozca a Ceuta y Melilla como Comunidades autónomas.

En el capítulo económico, los populares apuestan por un sistema de financiación autonómica «que siga garantizando los principios de autonomía, solidaridad, suficiencia y corresponsabilidad fiscal» y por unos Presupuestos Generales del Estado que actúen como instrumento esencial de vertebración territorial. En este punto, Rajoy mostró su preocupación por la «paralización» de proyectos en infraestructuras, del Plan Galicia o la suspensión del PHN.