El PP lleva mociones a todos los ayuntamientos y parlamentos regionales contra la «ley Celaá»

En el texto de la moción, a la que ha tenido acceso ABC, se denuncia que la «ley Celaá», aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados , supone la ruptura del pacto Constitucional en materia educativa. Además, «suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución Española y con ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos».

También critica que la nueva ley «ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y homologación de títulos».

Los populares denuncian que esta norma elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador.

«Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores», avisan los populares.

Por todo ello, el PP propone en esta moción , con un texto similar para todos los ayuntamientos, lo siguiente:

1. Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.

2. Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

3. Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación.

4. Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.

5. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades.

6. Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc.

7. Respetar los cuerpos nacionales del profesorado . En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo.

8. Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades.

9. Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo.

10. Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España según marca el Art 3 de la Constitución.

11. Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.