El PP lleva al Congreso la presión del Gobierno a los jueces del «procés»

El texto, al que ha tenido acceso ABC, pide al Pleno que inste al Gobierno a « abstenerse de cualquier pronunciamiento , declaraciones o actuaciones públicas que menoscaben la independencia y legitimidad del poder judicial» y, en concreto, sobre la actuación «de los jueces y magistrados, los procedimientos en curso, situaciones relativas a la prisión preventiva y futuras condenas y sus consecuencias», en alusión a los políticos catalanes encarcelados.

A lo largo de la exposición de motivos, los populares califican de «irresponsables» los pronunciamientos de la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, e incluso el titular de Fomento, José Luis Ábalos, a favor de la libertad de aquellos presos hasta el juicio y acusan al Gobierno de «intentar crear una base de opinión pública contraria a las decisiones judiciales». Montserrat advierte de que esta maniobra «debe ser firmemente reprochada, puesto que impone una presión » a los jueces y magistrados que «se ven innecesariamente mencionados en los medios de comunicación».

En esta línea, subraya que la decisión que adopte la Justicia sobre el mantenimiento de la prisión preventiva en los acusados por el «procés» debe «ser ajena a todos los intereses políticos y personales» de Pedro Sánchez. La proposición no de ley concluye recordando la necesidad de que el Congreso defienda los poderes del Estado que emanan de la soberanía nacional que representa, en este caso, el Poder Judicial.

Dependerá del PP si esta proposición no de ley se debate en este periodo de sesiones o queda ya para el siguiente, pero estará en manos del PSOE su aprobación ya que PP y Cs no suman la mayoría necesaria para sacarla adelante. Dado el carácter crítico del texto con el Ejecutivo, será difícil que la bancada socialista lo apoye. Y como en cualquier proposición no de ley, su importancia reside en el mensaje político que resultará de su votación ya que si el PSOE no la apoya, estará dando argumentos al PP y Cs para acusar al Gobierno de querer presionar a los jueces.

Esta iniciativa se registró la semana pasada casi al tiempo que la proposición de ley de los populares para modificar el Código Penal y tipificar la convocatoria ilegal de un referéndum, consulta o elecciones. El grupo mayoritario reclama penas de prisión para todos los funcionarios o autoridades que convoquen un acto de este tipo o participen en su organización, e incluso para aquellos que ejerzan de interventores.