El PP se desentiende de Granados y la oposición cree que es la enésima prueba de corrupción

La dirección nacional no pudo esta vez argumentar que los hechos en cuestión son cosa de un pasado remoto, como hacen con la trama de financiación ilegal del PP valenciano. El contexto de lo desvelado por ABC es el siguiente: solo tres meses antes de las anotaciones de Granados en su agenda, el Gobierno de Mariano Rajoy envió al Congreso una reforma restrictiva de ley de financiación de partidos como reacción al estallido de la Gürtel, y en el debate sobre el estado de la Nación sobrevolaba el nombre del extesorero Luis Bárcenas, cuya fortuna se había descubierto ya. Pero aún faltaba medio año para la detención de Granado s y este, según su propia agenda, seguía engordando ilegalmente al PP. Granados, según la exclusiva de ABC, maniobró para finanicar ilegalmente la campaña que encabezó el comisario Miguel Arias Cañete.

Pese al desarrollo estatal de esos comicios, la dirección nacional aseguró que cada regional se ocupa de gestionar su presupuesto electoral -«responsabilidad del PP de Madrid»- y por eso desvió la llamada. En la primera planta de Génova, el equipo de Cifuentes dibujó una gruesa raya roja en defensa propia: «Llamad a Aguirre...» Se insistió en que la actual líder del PP ha sido implacable limpiando el partido y el Gobierno regional desde que llegó, en junio de 2015. Y que la Justicia actúe contra quien haya hecho algo mal. En privado los populares admitieron ayer que la cercanía de la fecha, 2014, no les causa estupor. «Ahí seguían en el PP de Madrid en plena corrupción. Estaba Esperanza con Ignacio González al frente del partido. Y Granados, en la calle...», comentaron las fuentes consultadas.

Desde el PSOE, la número dos de los socialistas, Adriana Lastra, aseguró que «la sede de Génova está corrupta de los pies a la cabeza». Apuntó que este caso es «una vergüenza» porque corrobora que «el partido que sustenta al Gobierno ha ido dopado a todas las elecciones». Para el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, el caso «supone otra acusación más sobre la financiación ilegal del PP», haciendo hincapié en la cercanía temporal: «Han participado dopados en campañas que no son del siglo pasado»; una reflexión que compartió el diputado de Podemos Íñigo Errejón, que apuntó a las «implicaciones» que esto tiene para Cifuentes.