El PP denuncia más de 50 casos de corrupción urbanística en Andalucía

ABCSEVILLA. El PP hizo público ayer un informe en el que recopila unos 55 casos de irregularidades urbanísticas que se han producido en municipios de las ocho provincias en los últimos años, que

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SEVILLA. El PP hizo público ayer un informe en el que recopila unos 55 casos de irregularidades urbanísticas que se han producido en municipios de las ocho provincias en los últimos años, que considera un ejemplo de la «inacción y dejación de responsabilidades» de la Junta al no haber adoptado medidas para evitarlos.

Al mismo tiempo, esta formación política anunció que reclamará en el Parlamento andaluz una modificación, tanto en la composición como en las competencias, de las comisiones provinciales de urbanismo, de manera que tengan más capacidad de iniciar expedientes ante casos de corrupción urbanística o para paralizar determinados cambios en los PGOU por parte de la Consejería de Obras Públicas, al frente de la cual está Concepción Guriérrez.

El vicesecretario general de Ordenación del Territorio, Estudios y Programas del PP andaluz, Jaime Raynaud, preguntó en rueda de prensa si de ninguno de los casos «se enteró la Junta» y si, en ningún momento, los delegados provinciales de las Obras Públicas reclamaron la adopción de medidas para evitarlos en las comisiones provinciales de urbanismo.

Raynaud se mostró convencido de que ni la Junta ni el PSOE son «ajenos» a esta situación y recordó que existe una legislación en la Comunidad que da atribuciones a la Administración autonómica para haber sido ejecutadora, controladora e impulsora de medidas sancionadoras ante los escándalos urbanísticos.

Preocupación

Sin embargo, mostró su preocupación por que el Gobierno andaluz no haya evitado que se produjeran estos casos, cuando es su «obligación moral y política», al tiempo que denunció que cuando se trata de escándalos urbanísticos que afectan a alcaldes del PSOE, son «silenciados», con una clara «inacción y dejación de responsabilidades» por parte de la Junta.

De hecho, explicó que el PP está analizando las posibles responsabilidades subsidiarias de las administraciones por inacción, teniendo en cuenta que ya hay sentencias de tribunales que han creado jurisprudencia en ese sentido.

Tras señalar que el tema de la corrupción urbanística es de «enorme gravedad» y está generando mucha «alarma social», el dirigente popular manifestó que el Gobierno de la Nación tampoco está ayudando para evitar el problema, al tiempo que la legislación que ha anunciado «no contribuye, en modo alguno, a erradicar el encarecimiento de la vivienda ni la corrupción urbanística».

En cuanto a los casos de corrupción urbanística que el PP recoge en su informe, se encuentran, entre otros, en la provincia de Almería, los producidos en El Algarrobico, Huércal-Overa y Níjar; en la de Cádiz, Medina, San Martín del Tesorillo, Bornos, Tarifa o Jimena; en la de Córdoba, Pedroche, Montoro, Fuente Palmera o La Carlota; en la de Granada, Atarfe, Armilla, Laroles o Albolote; en la de Huelva, Almonte y Punta Umbría; en la de Jaén, La Guardia, Torredelcampo o Marmolejo; en la de Málaga, Marbella, Mijas, Estepona, Manival o Ronda, y en la de Sevilla, casos en Dos Hermanas, Burguillos, Sanlúcar la Mayor o Guillena, informa Europa Press.

Raynaud anunció que hoy se celebrará en Sevilla una reunión de los representantes del PP en las ocho comisiones provinciales de urbanismo para tratar de concretar el contenido de la proposición no de Ley que plantearán a principios de 2007 en el Parlamento demandando un cambio en la constitución de esos organismos y que se les dote de normas de actuación operativas para evitar las situaciones de descontrol urbanístico.

Mayor capacidad de decisión

Manifestó que es necesario llenar de contenido a esas comisiones provinciales de urbanismo y que tengan una mayor capacidad de decisión a la hora de iniciar expedientes ante una situación de irregularidad urbanística o de paralizar una determinada modificación en un PGOU.

Finalmente apostó por que la actual composición de las comisiones provinciales se modifique, toda vez que de los 16 componentes nueve son cargos de la Junta; dos, del Gobierno de la Nación; uno es el presidente de la respectiva Diputación y sólo cuatro miembros (de los partidos) representan a los ayuntamientos.