El PP denuncia a Iglesias ante la Junta Electoral y pide una multa de hasta 3.000 euros

El PP considera que el vídeo que grabó Iglesias el 15 de marzo, anunciando su candidatura a la Comunidad de Madrid, es contrario a la normativa electoral.

(Lea aquí la denuncia presentada por el PP en PDF: http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/nacional/Denuncia%20Pablo%20Iglesias.pdf)

En concreto, recuerda que la ley Electoral establece que «desde la convocatoria de elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

El PP considera que el vídeo de Iglesias tiene una única finalidad electoralista , que cree poder demostrar con algunas afirmaciones contenidas en él.

Los populares subrayan que este hecho supone la utilización de un cargo y un despacho institucional para la realización de un acto encubierto de campaña. «El vicepresidente segundo está utilizando su calidad de tal para realizar un acto partidista, en el que pone en valor aspectos de su programa electoral con recursos públicos, por lo que esta representación no considera que el acto sea acorde a la normativa electoral, que impone neutralidad a los poderes públicos».

La vulneración se produce, según explica el PP en su escrito ante la Junta Electoral, por haberse grabado el vídeo en el despacho del vicepresidente , «que es absolutamente identificable y que utiliza sistemáticamente para lanzar sus mensajes institucionales como fácilmente se puede comprobar accediendo a las redes sociales de la propia Vicepresidencia».

En el mismo escrito, los populares inciden en que el examen del vídeo pone de relieve que la escenografía en la que se desarrolla, con utilización de símbolos y elementos públicos, conlleva poner al alcance de uno de los contendientes en las elecciones la posibilidad de utilizar medios institucionales que no están disponibles para los restantes candidatos, con el consiguiente quebrantamiento del principio de igualdad .

El PP solicita a la Junta Electoral que se abra expediente sancionador al vicepresidente segundo del Gobierno, y se imponga la sanción prevista para estos casos prevista en la Ley Electoral General, en este apartado concreto:

«Toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la presente ley que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente. La multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares».