El PP culpa al líder del PSOE del freno a la comisión sobre la gestión de su primo

El PP riojano insiste en que «se depuren las posibles responsabilidades» por el posible trato de favor del regidor municipal a su hermana, ambos primos de Aldama

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SONIA BARRADO

LOGROÑO. El PSOE «ha impedido una vez más» esclarecer las «posibles irregularidades» cometidas por el alcalde socialista de la localidad riojana de Herce ante el presunto trato de favor a su hermana en la concesión de una licencia de obras. Era la opinión ayer del PP riojano, después de que la mayoría socialista en el Pleno del Ayuntamiento propiciara el rechazo de una comisión especial de estudio propuesta por los populares para investigar el asunto y la invasión de vía pública como resultado de dichas obras.

Para el PP, cuyo secretario general es Carlos Cuevas, el voto en contra del Grupo Socialista supone una «nefasta decisión» para el municipio, ya que, «además de acrecentar la duda sobre el comportamiento de los concejales y ex ediles socialistas, atenta directamente contra las arcas municipales, que serán las encargadas de hacer frente a las posibles responsabilidades derivadas del proceso judicial interpuesto por algunos vecinos», afirma en nota de prensa.

Gestión «en entredicho»

Así, el PP de Herce asegura que el PSOE no deja que se resuelva una situación «que pone en entredicho la gestión municipal y que afecta directamente a todos los vecinos».

También se refiere el PP a la presencia en la sesión plenaria del secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Martínez-Aldama, ex concejal del Consistorio de Herce y primo del alcalde, a quien acusan de orquestar, durante una reunión previa al Pleno y con su asistencia al mismo, «un episodio lamentable y contrario a la transparencia exigible a toda Administración pública».

Por todo ello, el PP lamenta «este nuevo ejemplo de la forma de gestionar del PSOE», al tiempo que insiste en que «se aclare todo este asunto y se depuren las posibles responsabilidades».

Exige, además, que los responsables reparen «los daños producidos y las molestias ocasionadas» a los vecinos afectados y restituyan al municipio «el suelo público ocupado».