El PP aprueba en solitario la reforma del Código Penal que considera delito la convocatoria ilegal de referendos
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy con los únicos votos del Grupo Popular el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal, que castigará con penas de cárcel de tres a cinco años a aquellos que convoquen una consulta popular vía referéndum sin la autorización de la Cámara Alta, como pretende hacer el lehendakari, Juan José Ibarretxe, con su plan soberanista.
Todos los grupos de la oposición mostraron su rechazo a esta reforma no votando y levantando las manos en el momento en el que lapresidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, comenzó la votación. Con gritos de "manos arriba, esto es un atraco", la oposición protestó tanto por la tramitación de esta reforma legislativa, iniciada en el Senado a través de la introducción de una enmienda del Grupo Popular en el Proyecto de Ley de Arbitraje, como por el contenido de los artículos modificados.
Los portavoces de la oposición criticaron el destinatario particular de esta reforma, que no es otro que Ibarretxe, y dedicaron calificativos como "fraude" o "burla" a la tramitación de la misma, que no ha contado con los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Consejo de Estado. El PP, por su parte, defendió esta reforma alegando que la misma ayudará a "fortalecer las instituciones y la democracia" ante una conculcación del "orden constitucional". El PP apoyó con 179 votos a favor esta iniciativa, tres por encima del mínimo de 176 que se exige para aprobar leyes orgánicas.
Los artículos del Código Penal que han quedado modificados con esta reforma son los 506 bis, 521 bis y 576 bis. El primero castiga con pena de cárcel de 3 a 5 años e inhabilitación absoluta entre 6 y 10 años a "la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria" de elecciones generales, autonómicas,locales o consultas populares.
El 521 bis castiga con prisión de 6 meses a 1 año a los que "promuevan o aseguren" la realización del referéndum, una vez se haya acordado su ilegalidad. El 576 bis señala que "la autoridad o funcionario público que allegara fondos o bienes de naturaleza pública, subvenciones o ayudas públicas de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos por resolución ilegal" será castigado con la pena de tres a cinco años.
PSOE: "DEGRADACIÓN PARLAMENTARIA"
Desde el PSOE, su secretario de Libertades Públicas, Juan Fernando López Aguilar, afirmó que si existiera un premio a la "degradación parlamentaria se lo llevaría la iniciativa de hoy". Según dijo, se trata de un "atropello" en la forma en la que se ha tramitado, así como en el fondo, un "ejemplo de cómo no se legisla". A su juicio, esta reforma es un "esperpento legislativo que conculca los principios más elementales del derecho penal en una democracia" y agregó que nunca se había visto una modificación del Código Penal en 10 días. López Aguilar llegó a decir que el Gobierno del PP está inmerso en una "berlusconización inaceptable" (en referencia al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi).
Añadió que el final del periodo de gobierno del PP termina con "amenazas de cárcel", que son "incongruentes" por la saturación que viven las prisiones. "¿Han pensado alguna vez a cuánta gente quieren meter en la cárcel y si las prisiones van a dar abasto? ", se preguntó López Aguilar, que agregó que al PP "se le llena la boca con la Constitución sin profesar sus valores".
El portavoz del PP Leocadio Bueso defendió la potestad legislativa del Senado y rechazó que el procedimiento elegido haya restringido el reglamento del Congreso, argumentación que acompañó con jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El diputado popular señaló que daba la impresión de que algunos portavoces no habían leído el contenido de los artículos modificados.
Bueso recordó que el PSOE siguió un procedimiento parecido con otras reformas legislativas y justificó la necesidad actual de afrontar esta modificación, debido al estado en el que se encuentra la tramitación del Plan Ibarretxe. A su juicio, esta iniciativa del Gobierno fortalecerá las "instituciones, el Estado de Derecho y la democracia" y se refirió a declaraciones de dirigentes socialistas, cuando afirmaron que era necesario poner un muro frente al Plan Ibarretxe.
"Lo que ha hecho es recurrir la ley que hoy se va a aprobar", dijo, lo que le llevó a preguntarse: "¿Qué intereses electorales les impide apoyar esta ley? ". Bueso indicó que el PP actúa "desde la responsabilidad" y "para ayudar a la democracia y luchar por el interés general de los españoles". "El presidente (José María Aznar) dio ayer ejemplo de ello y ustedes no estuvieron a la altura de las circunstancias", dijo, lo que provocó abucheos desde los escaños de la oposición.
CiU: "PROCEDIMIENTO INTOLERABLE"
Manel Silva, de CiU, justificó su voto negativo a la reforma por el procedimiento "intolerable" elegido, al tratarse de una ley orgánica "no debatida con anterioridad". Afirmó que esta iniciativa va contra el "espíritu reglamentario y constitucional". "Combatir el Plan Ibarretxe con la reforma del Código Penal es dar un paso más en un camino equivocado", concluyó.
Por parte del PNV, Margarita Uría indicó que la iniciativa del Gobierno, que calificó de "torpeza política" carece de informes del CGPJ o del Consejo de Estado, aunque mostró su sorpresa de que el órgano de gobierno de los jueces "aparezca feliz de que se le puentee". La diputada nacionalista dio hasta ocho razones para explicar su rechazo, entre las que destacaba la desproporción de la pena prevista o que "encarcelar al lehendakari no haría otra cosa que radicalizar el problema vasco".
El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, subrayó que la reforma es un fraude de Constitución y afirmó que "hay que pensar en la necesidad de un recurso de inconstitucionalidad con respecto al contenido". Añadió que esta reforma es el "culmen de la mayoría absolutista del PP", al recuperar "el delito político". Denunció que la ley tiene un "destinatario particular", dijo que el eslogan de esta legislatura es el de "todos a la cárcel" e ironizó con el presidente del Gobierno, José María Aznar, del que dijo que va a entrar en una ONG llamada "crispadores sin fronteras". "Que Dios le dé a Aznar tanta gloria como descanso nos deja", dijo.
El diputado de Coalición Canaria Luis Mardones calificó el día de hoy de "triste" y mostró su rechazo al procedimiento con el que se ha tramitado esta reforma, por lo que agregó que esta ley está viciada. "Hay que tener el decoro de mantener el principio de calidad democrática de todas nuestras normas ahora que se cumplen 25 años de la Constitución", dijo.
La diputada de EA Begoña Lasagabaster ya anunció durante su intervención que no iba a participar en "esta barbaridad política y jurídica" y añadió que desde su formación política se promoverá que los ciudadanos vascos "puedan decidir y expresar lo que quieren para su futuro". En términos similares se expresó Mónica Miquel, de IC-EV, mientras que José Antonio Labordeta (CHA) mostró, irónicamente, su rechazo deseando una feliz Navidad a los parlamentarios populares y "que el próximo año sean más buenos y justos".
El diputado de BNG Carlos Aymerich señaló que el PP ha consumado un "fraude y una burla al procedimiento legislativo y a los principios inspiradores del ordenamiento jurídico". José Núñez, del Partido Andalucista, indicó que "no vale utilizar las reglas de la democracia torticeramente", mientras que el diputado de ERC Joan Puigcercós dijo que el PP ha modificado el Código Penal "por la puerta trasera".
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