Polonia y España, los peores de la UE en independencia del CGPJ

El 20 de julio de 2020 la Comisión Europea publicó el Cuadro de indicadores de la justicia de la UE, una herramienta anual de información comparativa. Se trata de un documento de 72 páginas centrado en los parámetros fundamentales para unos sistemas judiciales eficaces: eficiencia, calidad e independencia. Este último punto es el relevante para aportar luz al debate abierto en España a raíz del enfrentamiento político en relación con nuestro modelo de Poder Judicial. Sobre un retraso de mil días en la renovación del órgano de gobierno de jueces y magistrados, el Gobierno socialista acusa al Partido Popular de vulnerar la Constitución por no sentarse a negociar. Enfrente, el principal partido de la oposición pone una condición: que se cumpla la sugerencia de las instituciones europeas de dar mayor peso a la carrera judicial, restando así influencia a los partidos. El choque llegó a la ruptura esta semana cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, rechazó la propuesta popular asegurando en la Ser que «los jueces no pueden elegir a los jueces» , en contra del criterio no sólo de la UE, sino también del Tribunal Constitucional. Casado recogió ipso facto el guante y no sólo descartó cualquier posibilidad de negociar sino que fue un paso más allá y exigió la dimisiónde Bolaños. Cierto es que en sus dos etapas de Gobierno con mayoría absoluta el PP no revocó el modelo impuesto por el PSOE en 1985 (el que dio mayor peso a la clase política y llevó al vicepresidente Guerra a decir aquello de «Montesquieu ha muerto») y que en los últimos dos años sus motivos para no sentarse han ido variando. Y es igualmente cierto que el PSOE no se rasgó las vestiduras constitucionales como sí hace ahora cuando en etapas anteriores hubo retrasos en la renovación. Por tanto, la cuestión aquí está en atender a Europa.

El informe de la Comisión incluye gráficos esclarecedores. El que acompaña a estas líneas aborda el nombramiento de los miembros de los Consejos del Poder Judicial y, en concreto, la participación de la judicatura en el proceso. Es decir, muestra si los miembros de los consejos son jueces y fiscales propuestos y elegidos por su pares, miembros nominados por el poder ejecutivo o legislativo o miembros nominados por otros organismos y autoridades. La conclusión es contundente, pues hay dos países que se demarcan del conjunto: España y Polonia. En el caso español los vocales del CGPJ son propuestos por jueces y nombrados por el Parlamento, es decir, el Consejo comunica al Legislativo una lista de candidatos que ha recibido el apoyo de una asociación de jueces o de 25 togados; en el caso polaco, no son propuestos exclusivamente por jueces, sino que incluso pueden ser sugeridos por 2.000 ciudadanos. En ambos casos, quien decide finalmente es el Parlamento, y ese es el hecho diferencial.

En la veintena de países de la UE con un órgano equivalente al CGPJ hay dos opciones: tres de ellos, Dinamarca, Holanda y Rumanía, son propuestos y seleccionados por jueces y requieren de una validación formal a cargo del Parlamento o del Ejecutivo, pero sin discrecionalidad sobre los candidatos. Finalmente, en la inmensa mayoría de los países los vocales del Poder Judicial son propuestos y seleccionados/elegidos por jueces. De las cuatro opciones, ésta es la mayoritaria.

Respecto a la composición de los consejos del poder judicial según el procedimiento de designación (vaya por delante que en 2010, el Comité de ministros de los Estados miembros dictó una recomendación sobre los jueces en la que señala que al menos la mitad de los miembros de los Consejos del poder judicial deben ser jueces seleccionados por sus homólogos), cada uno de los 27 es un mundo pero, excepción hecha en Polonia y en España, en los otros veinticinco hay un porcentaje mayor o menor de jueces elegidos directamente por la carrera. En casos como Grecia, Hungría o Lituania, en el entorno del 90% de los vocales.

El ruido político existente en España en torno a este asunto tiene su repercusión en la percepción social no ya de la independencia del CGPJ, sino de la independencia de los jueces y tribunales en su labor jurisdiccional. Estos datos se extraen del Eurobarómetro de 2016, 2017, 2018 y 2020: más del 40% de los españoles consideran muy o bastante mala la independencia de los tribunales y los jueces, una percepción que atribuyen principalmente a «la injerencia o presiones del Gobierno y los políticos. Esto sitúa a España como el decimonoveno peor país de los Veintisiete. O el noveno por la cola.

Sin duda es un mal dato, aunque evidentemente hay que enmarcarlo en un hecho indiscutible: desde 2015 en España se ha puesto en solfa el sistema en su conjunto, y el sistema judicial en particular ha sido y sigue siendo objeto de señalamiento permanente desde el poder político , especialmente por Unidas Podemos (UP). Los ataques a la independencia de los jueces desde el partido que hasta el mes de mayo dirigió Pablo Iglesias son constantes y el propio CGPJ ha publicado dos comunicados de rechazo al entonces vicepresidente del Gobierno y principal socio del presidente Sánchez. Algo similar sucedió cuando el PSOE y UP presentaron una iniciativa en el Congreso para cambiar el modelo de elección sin contar con la oposición y en la dirección contraria a la sugerida por Europa.

El caso polaco es más grave: en septiembre de 2018, la red europea de consejos del poder judicial suspendió el consejo polaco porque ya no garantizaba la independencia judicial. España debe decidir ahora a quién se quiere parecer: a la Unión Europea o a Polonia.