La Policía requisa documentación periodística sobre el caso Cursach en la sede de Europa Press en Palma

« La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración sobre la causa, que está siendo investigada», ha explicado Europa Press.

Por la tarde, los agentes se han desplazado hasta la redacción de «Diario de Mallorca» con el mismo objetivo, pero se han marchado después de que se les haya comunicado que el rotativo no entregaría voluntariamente ningún material de la investigación del caso Cursach , «amparándose en el secreto profesional y la libertad de información». En cualquier caso, por la mañana la Policía Nacional había requisado ya el teléfono móvil a uno de los periodistas de «Diario de Mallorca» que han informado del caso Cursach desde sus inicios.

En ese contexto, Europa Press ha reiterado su compromiso con «la libertad periodística y con la protección de las fuentes», y ha lamentado «este ataque al derecho a la información, derecho fundamental recogido en la Constitución». En esa misma línea, «Diario de Mallorca» ha manisfestado su «rechazo» a estas acciones judiciales, «que vulneran los derechos fundamentales a la información y al secreto profesional protegidos por la Constitución». Por su parte, el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares ha expresado su solidaridad con «todos los compañeros» de dicha agencia y del citado rotativo, al mismo tiempo que ha denunciado que «no se puede criminalizar a los periodistas por hacer su trabajo».

Las reacciones han llegado también desde el ámbito político. Así, la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter un mensaje en el que ha señalado que «la libertad de expresión es uno de los pilares de nuestra sociedad» . Tras mostrar su apoyo a los profesionales de «Diario de Mallorca» y de Europa Press en Baleares, Armengol ha recalcado que «la información rigurosa y libre fortalece nuestra democracia». En la misma línea se han pronunciado representantes de MÉS por Mallorca y de Podemos.

La macrocausa conocida hoy genéricamente con la denominación de «caso Cursach» consta en la actualidad de varias piezas separadas . En los inicios de este caso, que comenzó hace un lustro, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán sólo investigaban la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá, que habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas. Según Penalva y Subirán, formarían también parte de dicha trama el empresario del sector del ocio nocturno Tolo Cursach, antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones.

Para Penalva y Subirán, el denominado «rey de la noche» isleña habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos. Esa acusación ha sido siempre negada de manera rotunda por el propio Cursach. Cabe recordar que en estos momentos hay en torno a un centenar de personas investigadas —imputadas— en este caso, entre ellas antiguos altos mandos policiales. Además, varios testigos protegidos han sido amenazados o agredidos en estos últimos meses, supuestamente a raíz de sus declaraciones en sede judicial.

Uno de los hechos más relevantes ocurridos hasta ahora en relación a este proceso había tenido lugar el pasado 7 de marzo, cuando el juez Penalva fue apartado del caso a través de un auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. La Sala aceptó los dos incidentes de recusación presentados a finales del pasado año contra Penalva, al estimar que se produjo «pérdida de apariencia de imparcialidad» por parte del juez. El sustituto de Penalva en la instrucción pasó a ser el juez Miquel Florit, que ha sido quien ahora ha dictado sendas órdenes de registro en las sedes de Europa Press y de «Diario de Mallorca».

El juez Florit ha dictado un auto en ese sentido tras la denuncia presentada recientemente ante el magistrado por el Ministerio Fiscal, el abogado de Cursach y el abogado de uno de los antiguos colaboradores del empresario, Tomeu Sbert , por un presunto «descubrimiento de secretos» en relación al caso Cursach. Por su parte, la Fiscalía del Estado ha señalado que apoya las diligencias llevadas a cabo este martes.

Una de las decisiones más relevantes tomadas por Penalva durante la instrucción, antes de ser relevado del caso, fue haber decretado el ingreso en la cárcel de Cursach, quien permaneció en situación de prisión provisional desde marzo del pasado año hasta abril de este año. En el auto dictado en su momento por Penalva, se le atribuían a Cursach un total de hasta 16 delitos , entre ellos los de cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas.

El empresario quedó en libertad con cargos el pasado 18 de abril, después de haber abonado sus representantes legales la fianza de un millón de euros exigida por la Audiencia Provincial de Palma. En dos ocasiones anteriores el letrado de Cursach había solicitado ya la libertad del empresario, pero en ambos casos dicha petición había sido denegada por la Sala.

La Audiencia Provincial impuso a Cursach, además de la citada fianza, diversas medidas cautelares. Así, el empresario tuvo que indicar un domicilio en el que poder ser hallado y tiene la obligación de comunicar al tribunal un posible cambio en ese sentido. Además, deberá comparecer ante el Juzgado «cuantas veces sea llamado» y «todos los lunes de cada mes». La Sala también acordó la retirada del pasaporte a Cursach, así como la prohibición de salir de Mallorca y del resto del territorio español, «salvo previa autorización judicial expresa y previa a la salida».