La Policía no quiere seguir trabajando con los Mossos en operaciones conjuntas

«Su jefe está imputado por un delito de sedición, que no es ni más ni menos que traicionar al Estado. ¿Cómo nos podemos fiar de que los datos tan sensibles que compartimos se van a seguir utilizando de forma correcta? Es una cuestión de lealtad y de respeto. Ellos no han respetado a los nuestros». Para los investigadores consultados la situación es incómoda dadas las relaciones personales y las implicaciones internacionales que subyacen.

Hasta que el independentismo se cruzó en las diligencias policiales cada uno cumplía con su parte del trabajo, supervisados por Fiscalía y el juez al que correspondiera, y con los tira y afloja normales, ni más ni menos que los que se dan cuando hay operativos conjuntos con Guardia Civil, por ejemplo, que también trabaja con Mossos. «Yo me fío de la gente con la que he trabajado pero todavía no he tenido ánimo de coger el teléfono y preguntarle a mi homólogo qué piensa de la actuación de sus compañeros y de sus jefes el día 1 de octubre y de cómo pusieron a los nuestros a los pies de los caballos», admite otro investigador.

No es solo el desastre del día del referéndum ilegal y la inactividad –cuando no entorpecimiento de los Mossos–; es todo lo que ha venido después. Los insultos a los agentes en Calella, en Pineda y en tantos puntos. Casi todos tienen un compañero, un amigo o alguien de su grupo desplazado estos días a Cataluña o incluso alguno de ellos mismos.

A día de hoy siguen instruyéndose operaciones conjuntas de crimen organizado: una contra la mafia ucraniana en Barcelona (operación Variola), otra también en Cataluña con varios equipos o una tercera en el Central 6 de la Audiencia Nacional con Guardia Civil (operación Búfala) de droga y blanqueo. Las llevan jueces distintos; en ellas hay Policía Judicial de los tres Cuerpos y en unas está la Fiscalía Anticorrupción y en otra Antidroga. Los fiscales no se pronuncian sobre la continuidad de los equipos conjuntos y recuerdan que es el juez el competente para adoptar ese tipo de decisiones. «Otra cosa es que alguno de ellos decida dejar la investigación pero eso sería un problema».

Dada la situación creada y a la espera de Puigdemont, lo normal sería aplicar una regla general. Según fuentes jurídicas, «hay dos posibilidades: una, apartar de su puesto a los responsables de Mossos y hacer depender el Cuerpo de Secretaría de Estado de Interior, o bien quitarles competencias, es decir aplicar un 155 de manera parcial. Habrá que ver cómo evoluciona la imputación de Trapero».

La «traición de Trapero» como la denominan tiene más consencuencias operativas: las bases de datos. Después de los atentados de Barcelona salieron a relucir serias discrepancias a cuenta de la no integración de los Mossos en el CITCO (Centro contra el terrorismo y el crimen organizado), y quedaron en evidencia las malas relaciones entre el responsable de este organismo, el comisario Olivera, y Trapero. Interior aseguró que ya estaban integrados. Pero la pertenencia efectiva pasa por el acceso a las bases de datos de información terrorista y criminal y eso aún no se ha producido. «Esto no es darle a un botón, necesita una adaptación tecnológica compleja y costosa, que se ha valorado entre 200.000 y 300.000 euros. El compromiso era que Interior pagaba la mitad y el Departamento catalán la otra mitad, pero no se ha hecho. Ahora mismo no hay ninguna prisa», admiten fuentes policiales.